Conflicto de tierras en El Bolsón: cómo continúa el caso luego de cuatro años

El abogado Fernando Diaz Cantón, en representación de José Luis Zilberberg, se refirió sobre el hecho de usurpación por parte de la comunidad mapuche de Lof Che Las Huaytekas, el pasado mes de febrero de 2020, en un terreno del representado en la cordillera argentina.

El predio de Zilberberg era cuidado por una mujer de pueblos originarios que vivía en una cabaña de las 20 que se estaban terminando de construir en el campo de 200 hectáreas, junto con su sobrino. Esta mujer se encargaba de vigilar y proteger el predio ya que un grupo de personas que decían ser parte de la comunidad mapuche ya habían amenazado con usurpar las tierras, con varios intentos en el pasado.

La usurpación con ingreso violento fue efectuada por tres sujetos con los rostros ocultos y con machetes quienes aprovecharon que la mujer se había ido al pueblo a cargar gasoil y el joven se encontraba solo. En consecuencia, ingresaron al predio de forma violenta y lo echaron de forma intimidatoria.

Desde aquel entonces, ni la señora ni su sobrino pudieron volver a ingresar al predio ya que el grupo mapuche cortó los árboles, clausuraron la puerta y colocaron letreros identificando que esos terrenos les pertenecían a las comunidades originarias.

Por la causa, que aún se encuentra vigente, pasaron dos fiscales que fueron apartados al caso. Además se ordenaron medidas para identificar a las personas que usurparon el terreno; pero hasta el día de hoy no se han podido recuperar las mismas.

Si bien se lograron identificar unas personas que se encuentran en el terreno, estas alegan pertenecer a la comunidad mapuche pero no dan nombres ni se identifican con los usurpadores originales ni dan datos de quienes les dieron el paso a esos terrenos.

Díaz Cantón acusó a los integrantes del Lof Che Las Huaytekas de usurpación y pidió el “desalojo inmediato” como medida preliminar, junto a otras diligencias para identificar individualmente a las personas ya que, hasta ahora, la única imputada era la vocera de la comunidad, Mirta Ñancunao.