El fatídico asesinato de la oficial de policía Maribel Salazar en febrero de 2023 reveló una grave irregularidad: su chaleco antibalas, adquirido un año antes, resultó ser defectuoso y no ofreció la protección esperada. El chaleco, catalogado como "no apto para su uso", fue vendido por Fabricaciones Militares, empresa estatal, a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la multa y la orden de destrucción emitidas por la Anmac en 2021, Fabricaciones Militares continuó la comercialización de estos productos defectuosos, engañando al Estado y poniendo en riesgo la vida de los agentes de seguridad.

Además, se destapa un escándalo de corrupción relacionado con la sobrevaloración de estos chalecos, evidenciado por una compra realizada por el gobierno de Santa Fe en 2022, liderado por Omar Perotti. La gestión de Perotti adquirió 100 chalecos por más de 100 mil dólares, un precio significativamente superior al valor de mercado de estos productos. Este caso no solo señala la negligencia de Fabricaciones Militares, sino también la corrupción dentro de las compras estatales, dejando en evidencia la vulnerabilidad de las fuerzas policiales y la necesidad urgente de una mayor transparencia en las adquisiciones públicas.