La provisión de alimentos en las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se encuentra en grave riesgo debido a deudas acumuladas por parte del gobierno nacional. Las empresas encargadas de suministrar comida a las cárceles han denunciado un adeudo de más de $4.000 millones, lo que ha desencadenado una situación crítica en el sistema penitenciario. Esta problemática ha generado un temor latente en torno a la posibilidad de motines por parte de las personas privadas de su libertad.

Las fuentes cercanas a la situación indican que ha habido un desmanejo administrativo por parte de los responsables del Servicio Penitenciario Federal. Se informa que el presupuesto asignado para la adquisición anual de alimentos se ha desviado hacia otros gastos, lo que ha dejado a las empresas proveedoras en una situación financiera precaria. A pesar de enfrentar irregularidades en los pagos desde hace siete meses y no facturar durante los últimos 90 días, estas empresas se ven forzadas a seguir brindando el servicio.

La magnitud de esta crisis es sin precedentes en las últimas décadas, al menos en los últimos 30 años. Con más de 13.000 personas detenidas en prisiones federales y una sobrepoblación carcelaria del 8%, según datos oficiales, la situación se vuelve aún más delicada. La coyuntura económica sumada a la deuda en los pagos ha llevado a las empresas proveedoras al borde de la quiebra.

La preocupación no solo se centra en la falta de alimentos para los detenidos, sino también en el riesgo institucional que conlleva. La posibilidad de motines como respuesta a esta situación precaria es una amenaza latente que preocupa tanto a las autoridades como a las empresas involucradas. La incertidumbre sobre la provisión de alimentos en las cárceles federales ha desatado una alarma en el sistema penitenciario y en la sociedad en general.