Esta medida, que ha sido parte de la derogación de 69 normativas que Milei consideraba como obstáculos para las relaciones comerciales y promotores de la intervención estatal, ha generado un profundo impacto en el ámbito educativo del país.

Hasta la fecha, las instituciones educativas privadas debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, que evaluaba la pertinencia de los aumentos propuestos. No obstante, con la derogación de esta normativa vigente desde 2019, los colegios y universidades ahora están exentos de tal obligación, pudiendo establecer precios y condiciones de acceso a sus servicios de manera autónoma.

Esta decisión se enmarca en la política de liberación de precios implementada por el Gobierno de Milei, que busca reducir la intervención estatal en diversas áreas comerciales. Sin embargo, la medida ha generado preocupaciones, especialmente en un momento en el que el país experimenta fuertes incrementos en los precios de combustibles, alimentos y otros bienes y servicios esenciales.

La derogación de la norma que requería la comunicación de estructuras de costos también llega en un momento crítico, a solo semanas de que los colegios secundarios abran sus puertas para recibir a estudiantes que adeudan materias de ciclos anteriores y a menos de un mes del inicio del nuevo año escolar.

Cabe destacar que este movimiento de liberación de precios tiene un antecedente poco esperanzador en el ámbito de la medicina prepaga, donde las empresas aplicaron incrementos de hasta un 80% en apenas dos meses. Aunque el sector educativo presenta una estructura más atomizada, los padres de los estudiantes, que ya realizaron las inscripciones el año pasado, se ven ahora en la posición de aceptar los aumentos sin la posibilidad de buscar alternativas en otros establecimientos o cambiar a la educación pública.