El fiscal federal Guillermo Marijuan, ha revelado que más de 8.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo son empleados provinciales, desatando un escándalo de proporciones. El informe abarca datos de 10 provincias que enviaron la información de sus dependientes, generando un costo anual para el Estado de $7.800.000.000.

Las acusaciones apuntan a "maniobras ilícitas" que podrían constituir defraudación contra la Administración Pública y violación de los deberes de funcionario público. Hasta el momento, solo diez provincias han respondido a la solicitud de información de Marijuan, quien ha instado a las demás a hacer lo propio.

Entre las provincias involucradas se encuentran Tucumán, La Rioja, Jujuy, Corrientes, Salta, Río Negro, Córdoba, Formosa y Santa Cruz. La provincia de Buenos Aires, con una respuesta lenta, identifica casos preocupantes, como los 809 empleados del Ministerio de Seguridad y los 858 del Ministerio de Cultura y Educación.

El caso de Buenos Aires destaca particularmente, ya que cada área identificada suma más de 2.000 personas que cobran Potenciar Trabajo y son empleados públicos al mismo tiempo. La investigación apunta a la posibilidad de que estas incompatibilidades lleguen a superar las 20.000 personas en las gobernaciones, sin contar los municipios.

El fiscal Marijuan ha enviado su investigación preliminar a los fiscales federales de las diez provincias, solicitando la suspensión y/o baja de los planes sociales. Este escándalo amenaza con arrojar luz sobre la magnitud del problema y sus posibles ramificaciones políticas, dejando preguntas sin respuesta sobre la gestión del programa y la integridad de los beneficios otorgados.