ARA San Juan: la querella pidió que el único condenado cumpla una pena efectiva

A casi nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, la causa volvió a quedar en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. La querella que representa a 34 familiares de los tripulantes reclamó que el único condenado, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, cumpla una pena de prisión efectiva.

Villamide fue condenado el pasado 8 de julio por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz a tres años de prisión en suspenso y a una inhabilitación especial por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso con estrago culposo agravado por la muerte de la tripulación. Al tratarse de una pena de ejecución condicional, actualmente no cumple prisión efectiva.

Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de la querella mayoritaria, apelaron el fallo y solicitaron que la condena sea agravada. También cuestionaron las absoluciones del contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y de los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

Según las representantes de las familias, durante el juicio quedó acreditado que el submarino presentaba deficiencias técnicas y de mantenimiento antes de iniciar su última misión. En particular, señalaron problemas vinculados con la estanqueidad y con la válvula E19.

La querella sostiene que Villamide autorizó la navegación pese a las fallas existentes y que tampoco habría adoptado las medidas necesarias cuando el submarino informó el ingreso de agua de mar, un cortocircuito y un principio de incendio el 15 de noviembre de 2017. Al día siguiente se perdió el contacto con la nave y sus restos fueron localizados un año después, a más de 900 metros de profundidad.

Además de reclamar una pena efectiva para Villamide, las abogadas pidieron revisar la situación de los otros tres oficiales absueltos. En el caso de López Mazzeo solicitaron que se revoque la absolución, mientras que respecto de Alonso y Correa plantearon que sus absoluciones sean declaradas nulas por considerar insuficientes los fundamentos utilizados por el tribunal.

La querella encabezada por Carreras y Arias sostiene que las responsabilidades dentro de la cadena de mando no pueden analizarse únicamente a partir de quién tenía la autoridad final para tomar una decisión. Según su planteo, también deben considerarse las obligaciones de asesoramiento, advertencia, coordinación y supervisión que correspondían a cada funcionario.

El planteo no es el único que deberá analizar Casación. La querella encabezada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos, solicitó directamente la nulidad del juicio realizado en Río Gallegos y reclamó que se lleve adelante un nuevo debate en Mar del Plata.

Por su parte, la defensa de Villamide también apeló la condena y pidió su absolución. Los abogados cuestionaron que haya quedado demostrado con certeza qué ocurrió dentro del submarino durante las horas previas a la implosión y sostuvieron que persisten interrogantes sobre la secuencia exacta que provocó el hundimiento.

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá resolver los distintos recursos presentados por las partes y determinar si confirma, modifica o deja sin efecto las decisiones adoptadas en el juicio.

Para las familias de los 44 tripulantes, el reclamo trasciende la condena individual. Las querellantes sostienen que esclarecer las responsabilidades y establecer sanciones acordes con la gravedad del caso resulta fundamental para evitar que una tragedia de características similares vuelva a ocurrir dentro de las Fuerzas Armadas.