Detuvieron a una funcionaria bonaerense por una investigación de lavado de $27.000 millones
La Justicia ordenó la detención de Albertina Mangini, una funcionaria vinculada al gobierno de Axel Kicillof, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita. Según la hipótesis de la fiscal Betina Lacki, Mangini habría integrado una organización que utilizaba datos biométricos de personas vulnerables y ex presos para abrir cuentas en billeteras virtuales y canalizar dinero de origen presuntamente ilícito.
De acuerdo con la investigación, la funcionaria habría aprovechado sus tareas en una oficina de enlace del Patronato de Liberados para captar personas a las que les ofrecían alrededor de $80.000 a cambio de sus datos personales, fotografías y un escaneo del iris. Con esa información, se habrían creado cuentas en plataformas como Ualá, Mercado Pago y PayPal, que posteriormente eran utilizadas como “mulas financieras” para mover fondos.
La causa también tiene como imputado a Ignacio Leonel Marchioni y a otras cuatro personas. Un análisis sobre la actividad financiera de Marchioni detectó movimientos por aproximadamente $27.149 millones a través de la empresa HAZ PAGOS. Los investigadores sospechan que parte de esos fondos podría provenir del juego clandestino y que el dinero era distribuido entre numerosas cuentas para dificultar el seguimiento de las operaciones.
Además, Marchioni aparece vinculado a otra investigación relacionada con Sur Finanzas, donde tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes. En ese expediente se analizan movimientos por unos $87.000 millones a través de billeteras vinculadas a Sur Finanzas y QBIT Capitals. Ahora, la Justicia deberá determinar si ambas investigaciones están relacionadas y forman parte de una misma estructura financiera o si se trata de organizaciones independientes.
La investigación continúa para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y determinar el origen y destino de los fondos. Por el momento, las acusaciones forman parte de una causa judicial en trámite y deberán ser acreditadas por la Justicia.