El Gobierno acelera la privatización de rutas y habilita a las provincias a gestionar corredores nacionales

El Gobierno nacional dará este miércoles un nuevo paso en su plan de modernización de la infraestructura vial con la apertura de las ofertas económicas para la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones y la firma del primer convenio que permitirá a una provincia hacerse cargo de la gestión de un tramo de una ruta nacional.

La licitación, impulsada por el Ministerio de Economía, comprende ocho corredores viales distribuidos en distintas regiones del país y abarca cerca de 3.900 kilómetros. Con esta etapa, el Ejecutivo busca completar el proceso de concesión de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la privatización de Corredores Viales prevista por la Ley Bases.

Las empresas adjudicatarias tendrán a su cargo el mantenimiento, la operación y el cobro de peajes durante un plazo de 20 años. Además, deberán ejecutar obras de mejora antes de aplicar modificaciones en las tarifas.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmarán un acuerdo para que esa provincia asuma las tareas de reparación y conservación de la ruta A012, un corredor clave para el acceso al complejo portuario del Gran Rosario.

El convenio tendrá una vigencia de 20 años y representa el primer caso de aplicación del decreto que habilita a las provincias a administrar y concesionar tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus jurisdicciones. No obstante, el Estado nacional mantendrá la titularidad y la jurisdicción sobre esos corredores.

La normativa también alcanza a otras provincias, entre ellas Santa Cruz, que quedó habilitada para celebrar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad y gestionar rutas nacionales dentro de su territorio, siempre que presente un plan de obras, un esquema de financiamiento y obtenga la aprobación de la Secretaría de Transporte.

Desde el Gobierno sostienen que la combinación de concesiones privadas y una mayor participación de las provincias permitirá mejorar la infraestructura logística sin recurrir a un esquema tradicional de obra pública financiada por el Estado. La estrategia apunta a potenciar sectores productivos como el agro, la minería y los hidrocarburos, considerados claves para el crecimiento económico del país.