Ley de Glaciares: el Senado debate cambios y el Gobierno mide fuerzas

El Gobierno nacional busca reformar la Ley de Glaciares para habilitar la minería, mientras la oposición y ambientalistas alertan por el cuidado del agua dulce.

La posible modificación de la Ley de Glaciares se convirtió en uno de los ejes centrales del debate parlamentario durante el actual período de sesiones extraordinarias en el Senado. El Gobierno nacional, con impulso del bloque de La Libertad Avanza (LLA), avanza con una propuesta que reabre una discusión sensible.

El debate gira en torno al equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental. Desde el oficialismo sostienen que la normativa vigente genera trabas a la inversión y un escenario de incertidumbre jurídica que frena proyectos estratégicos, especialmente vinculados a la megaminería y a la explotación de hidrocarburos.

La iniciativa oficial plantea limitar el alcance de la protección solo a los glaciares que cumplan una función hídrica comprobable, habilitando actividades productivas en áreas hoy restringidas.
 
Sectores de la oposición, con Unión por la Patria (UxP) como principal referente, defienden la ley actual al considerar que garantiza la preservación de reservas clave de agua dulce destinadas al consumo humano. A esa postura se suman organizaciones ambientalistas, que advierten que cualquier flexibilización pondría en riesgo ecosistemas estratégicos y recursos no renovables.

El debate también expone tensiones internas. Senadores de provincias con fuerte perfil minero, como San Juan, Catamarca y Jujuy, presionan por cambios que permitan avanzar con proyectos de litio y cobre, apelando al respeto del federalismo y a la potestad provincial sobre los recursos naturales. Esa puja divide al interbloque opositor y complejiza la construcción de una postura unificada.
 
Mientras tanto, el proyecto impulsado por el Gobierno nacional ya obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones del Senado.

El tratamiento en el recinto fue programado para febrero del próximo año, en una discusión que promete volver a enfrentar dos modelos: el del impulso económico y el de la protección ambiental como política de Estado.