Política Redacción I24 01 de diciembre de 2025

Argentina exigió a la Corte Penal Internacional acciones inmediatas por la crisis en Venezuela

La Argentina reclamó una intervención “inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) ante el deterioro de la situación en Venezuela, durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte que se desarrolla en La Haya. El representante argentino ante el tribunal, Diego Emilio Sadofschi, denunció detenciones arbitrarias, malos tratos y otros crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro, y pidió avanzar con órdenes de arresto contra los principales responsables. Además, advirtió que desde 2021, cuando la Fiscalía abrió formalmente la investigación, “ha habido pocos avances”, lo que prolonga el sufrimiento de las víctimas.

La intervención generó una dura respuesta del gobierno venezolano. El embajador Héctor Constant Rosales acusó a Buenos Aires de “politizar” la conferencia y cuestionó la postura argentina en organismos internacionales, calificándola como “vergonzosa”. También señaló que el país votó recientemente contra resoluciones de la ONU vinculadas a derechos humanos, lo que —según Caracas— posiciona a la administración de Javier Milei como un “falso defensor” de estos principios. El cruce marcó uno de los momentos de mayor tensión de la sesión, en una semana clave en la que la CPI revisa el estado de sus investigaciones y el nivel de cooperación de los Estados Parte.

En paralelo, la Fiscalía de la CPI anunció el cierre de su oficina en Caracas debido a la falta de “progreso real” del sistema judicial venezolano, reiterando que no hubo avances sustanciales desde los intentos fallidos de frenar el caso en 2023. Frente a las críticas, Sadofschi aclaró que la decisión argentina de no bloquear consensos dentro de la Asamblea no debe interpretarse como un gesto a favor de Maduro, sino como una muestra del compromiso del país con el funcionamiento del tribunal. La investigación sobre Venezuela, abierta en 2018, abarca presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.