Luego de que un grupo de abogados vinculados a la oposición denunciaran a cinco funcionarios oficialistas, entre ellos cuatro bonaerenses, tras ser sospechados de mover dinero negro en Estados Unidos, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires desmintió categóricamente las acusaciones.

“En el día de ayer, fue publicada una nota periodística, con datos tomados de una presentación que se realizó pocas horas antes, ante la justicia estadounidense”, comienza el texto lanzado por el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense.

Allí, se detalla que pida a entidades bancarias y financieras información sobre “movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina“.

En ese sentido, la denuncia que llegó esta semana a los tribunales de Comodoro Py 2002 involucra al secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, al director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, Carlos Montaña, subsecretario de Obras Públicas bonaerense, Diego Benítez, al director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, Matías García, y a la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno de Kicillof.

“Se trata de un escrito donde los fondos buitre exigen respuestas a entidades financieras norteamericanas sobre un pedido de información (“Discovery”) que se inició en el mes de marzo de este año. Esta coincidencia temporal, donde una nota periodística se publica simultáneamente con una presentación en la justicia de Nueva York, constituye un burdo intento, ya desesperado, de intervenir en el proceso electoral desde el extranjero junto con medios locales”, denuncia el Gobierno provincial.

En esta línea, el Ejecutivo bonaerense remarcó que los funcionarios mencionados “desmientencategóricamente” tener relación con las operaciones ilícitas que se les fueron imputadas, y adelantó que los daminficiados presentarán acciones legales para exigir que se aclare la situación y que se repare el daño ocasionado.

“Por su parte, la Provincia, a través de sus abogados, presentará a la brevedad una queja formal ante el tribunal estadounidense, para cuestionar las acusaciones de los buitres y denunciar la mala fe en el uso de la información, con el claro objetivo de interferir en el proceso democrático de nuestro país”, sentenció el Gobierno de Kicillof.

Por último, el Ejecutivo de Kicillof precisó que “ninguno de los funcionarios mencionados en la nota periodística, ni tampoco el Gobierno de la Provincia, fueron consultados al respecto antes de la publicación, contradiciendo una de las más difundidas (y sensatas) prácticas del ejercicio de la profesión: el chequeo con fuentes”.

Por su parte, el funcionario del Gobierno nacional, De Mendiguren, también negó estar involucrado en la supuesta acción ilícita. El miembro del Gabinete de Economía, había sido apuntado por Hranitzki, cuando el abogado estadounidense denunció que utilizó “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”.