Financiamiento Universitario: el Gobierno busca sostener el veto y reforzar auditorías
En un clima de intensa negociación política, el Gobierno se prepara para la sesión parlamentaria del miércoles, donde la oposición intentará rechazar el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario. El oficialismo, por su parte, intenta asegurar el apoyo necesario para bloquear la iniciativa opositora y propone auditar los fondos públicos destinados a las universidades, en busca de mayor transparencia. Las discusiones incluyen reuniones clave con representantes del PRO y otros bloques, mientras que la ampliación del presupuesto universitario y el control del uso de esos recursos están en el centro del debate.
El proyecto vetado por Milei contempla un aumento significativo del financiamiento universitario, lo que generaría un costo adicional para las cuentas públicas de $738.595 millones, equivalentes al 0,14% del PBI. Ante esto, el oficialismo defiende la necesidad de redirigir fondos para garantizar el funcionamiento de las universidades, al tiempo que se establecen controles estrictos mediante auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sigen, y auditorías internas en las propias universidades.
Además del financiamiento, se discute el rol que deben cumplir las universidades públicas y su responsabilidad en la rendición de cuentas de los recursos recibidos. El Gobierno busca no solo blindar el veto presidencial, sino también abrir el camino a un debate más amplio sobre la eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos destinados a la educación superior.
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El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre
Tras el encuentro de Javier Milei con más de cien legisladores y antes de partir rumbo a los Estados Unidos, desde la Casa Rosada confirmaron que el Ejecutivo convocará a que las Cámaras de Diputados y Senadores tengan sesiones extraordinarias. El deseo, es aprovechar el recambio legislativo que se concretará el 10 de diciembre para acelerar la aprobación de las reformas estructurales que considera prioritarias.