Censura previa: La justicia argentina vuelve a limitar la libertad de expresión
En un golpe a la libertad de expresión y la transparencia informativa, la jueza Lucila Córdoba dispuso una medida que prohíbe a los medios difundir información sobre Jorge Lanata y su esposa, Elba Marcovecchio. La decisión, calificada como "censura previa" por la Academia Nacional de Periodismo, ha generado una ola de rechazo en la comunidad periodística.
La medida, adoptada en medio de un escándalo de denuncias cruzadas entre Lanata y su esposa, afecta a medios gráficos, audiovisuales y digitales. La Academia Nacional de Periodismo considera que esta decisión viola la Constitución y el derecho internacional, y representa una grave amenaza a la libertad de expresión y la transparencia informativa.
"La censura previa judicial y la restricción al acceso a la información pública son un peligro y una gravísima amenaza a la libertad de expresión y a la transparencia informativa", afirmó la Academia en un comunicado.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también condenaron la decisión, calificándola como "un inaceptable caso de censura judicial" y advirtiendo que afecta el derecho a la información de la ciudadanía.
Esta no es la primera vez que la justicia argentina limita la libertad de expresión. En 1992, la jueza María Romilda Servini de Cubría dictó una medida similar contra el programa de Tato Bores, lo que generó una reacción inmediata de artistas y periodistas.
La censura previa está prohibida a nivel constitucional en Argentina y está regulada por tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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