Javier Milei busca avanzar con la privatización de Correo Argentino sin pasar por el Congreso
El debate sobre la privatización del Correo Argentino ha tomado un nuevo giro con la intención de Javier Milei de proceder sin la aprobación del Congreso.
Según la mesa técnica del Ejecutivo, respaldada en el estatuto de la empresa, la venta podría llevarse a cabo mediante decreto presidencial. Aunque en la Casa Rosada se menciona la existencia de una oferta de compra, se mantiene la discreción sobre los detalles específicos.
Diego Chaher, exinterventor de Télam, ha sido designado para liderar este proceso desde una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo. El Correo Argentino, con el Estado Nacional como único accionista, opera una extensa red de 1400 sucursales y oficinas postales. En el último año, enfrentó un déficit significativo de $71.322 millones y recibió más de $90.000 millones del gobierno para financiar planes de retiros voluntarios.
La historia del Correo Argentino se remonta a la creación de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA) por decreto de Carlos Menem en 1992, seguido de su estatización por Néstor Kirchner en 2003. Actualmente, la empresa se rige por la Ley General de Sociedades y el decreto 721 de 2004, que la sitúa bajo la órbita de comunicaciones hasta su eventual privatización.
El Gobierno también tiene planes de acelerar la privatización de otras empresas como Corredores Viales, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Tandanor, IMPSA y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), cada una con un enfoque específico en términos de venta o concesión según su composición y necesidades legislativas.
Para llevar a cabo este proceso, el Ejecutivo ha comenzado a ajustar las empresas que no pueden privatizarse a corto plazo, incluyendo recortes en las rutas de Aerolíneas Argentinas y la búsqueda de rentabilidad como prioridad. La comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, integrada por representantes de ambas cámaras legislativas y entidades de control como la SIGEN y la AGN, será clave en evaluar el estado legal y financiero de estas empresas públicas.
El proceso de privatización contempla diversas modalidades, incluyendo la venta de activos, acciones, establecimientos productivos, así como concesiones y licencias, estableciendo previamente los valores y condiciones de cada transacción.