Este proyecto se está delineando junto con el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, quien ha estado profundamente involucrada en el tema.

En declaraciones radiales, Cúneo Libarona explicó que, después de un intenso trabajo y análisis en los últimos dos meses, se decidió que la edad de imputabilidad se establecerá en 13 años. Originalmente, se había considerado fijar el límite en 14 años, pero la prevalencia de casos de menores de 13 años involucrados en delitos llevó a reconsiderar esta postura.

"Estábamos entre 13 y 14, y los informes estadísticos, así como la legislación mundial que analizamos, nos condujeron a este debate", señaló el ministro de Justicia. La decisión fue influenciada por la necesidad de ajustar la ley vigente de 1980, que fija la imputabilidad en 16 años, para adaptarla a las realidades actuales.

Patricia Bullrich había comentado previamente sobre la discusión en torno a la edad de imputabilidad, mencionando que se estaba considerando si el límite debía ser de 14 años, como se planteó inicialmente, o si debía establecerse en 13 años, como en Uruguay, o incluso en 12 años, como en Brasil. El análisis incluyó el impacto de estas medidas en las poblaciones de los países que han reducido la edad de imputabilidad.

Cúneo Libarona subrayó la importancia de diferenciar entre menores que cometen delitos menores y aquellos que cometen delitos graves. "Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores, pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre", afirmó en una entrevista radial.

Para que el proyecto del Gobierno se convierta en ley, necesitará obtener mayoría agravada en ambas cámaras del Congreso. Este requisito implica que el proyecto debe ser debatido y aprobado con un amplio consenso legislativo, lo que asegura un proceso de deliberación exhaustivo.