Una reciente auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló una serie de irregularidades en las empresas públicas de Argentina. En respuesta, el Gobierno de Javier Milei ha iniciado un proceso de “saneamiento” con fuertes ajustes de gasto, independientemente del futuro de la Ley de Bases en el Congreso, que podría dejar a 11 empresas estatales sujetas a privatización.

Los informes de SIGEN, correspondientes a 2022 y publicados en 2023, detallan múltiples anomalías. En la Fábrica Argentina de Aviones S.A. (Córdoba), se registraron "horas subutilizadas" debido a un nivel de actividad bajo, resultando en pérdidas por $1.576.412.008 millones en costos laborales sin órdenes productivas. Contenidos Públicos S.E., que gestiona canales como Encuentro y Pakapaka, no aprobó sus estados contables, impidiendo una evaluación completa de su gestión. Intercargo, responsable del servicio de rampa en aeropuertos, opera con equipamiento de más de 20 años, comprometiendo la seguridad. Además, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado tiene un edificio valuado en $6.355.000.000, según el Tribunal de Tasaciones de la Nación en 2020. Estas irregularidades reflejan una mala gestión y subrayan la dependencia financiera del Tesoro Nacional para mantener estas compañías operativas.

En 2024, el gobierno ha inyectado más de $620.000 millones en al menos nueve de estas empresas, como parte de los esfuerzos para recortar el déficit. La eventual privatización de estas compañías dependerá de la aprobación del Senado, momento en el cual el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Gonzalo Botto, podría evaluar la transición al sector privado.