Varios casos de irregularidades siguen apareciendo tras la decisión del Ministerio de Capital Humano de auditar el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre” donde se pudo establecer desvíos de fondos, y uso de recursos del Estado que supuestamente debían llegar a comedores manejados por organizaciones sociales.

La subsecretaria Legal del Ministerio, Leila Gianni, presentó un listado con 1201 merenderos registrados en domicilios inexistentes, poniendo de manifiesto que organizaciones recibieron miles de millones de pesos para sustentarlos, sin embargo no existían.

El Gobierno amplió en las últimas horas la denuncia en la cual se abrió una causa de defraudación hacia el Estado, debido a que se descubrió que de los 2600 comedores que fueron auditados, casi la mitad fueron identificados como “no validados”.

Esta serie de irregularidades surgió luego de una auditoría sobre el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), ya que se determinó que los funcionarios de la gestión anterior no realizaron los controles correspondientes para validar la existencia de los comedores y así confirmar el envío de mercadería.

En la mayoría de los casos se recibieron alimentos, aunque, en menor medida, otros accedían a la Tarjeta Alimentar Comunidad, que consistía en un programa en el que se les entregaba dinero para comprar alimentos en los comercios cercanos al lugar en donde operaban. Muchos de los comedores del listado se encuentran vinculados a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el MTE y el Movimiento Evita.