Las declaraciones de la ministra Bullrich, que destacan la importancia histórica de los allanamientos realizados a estas organizaciones, han reforzado la necesidad de abordar este tema en el ámbito legislativo. 

Las denuncias recibidas a través de la Línea 134 han revelado un patrón preocupante de extorsión, donde se amenaza a los beneficiarios de programas sociales con la pérdida de sus beneficios si no participan en movilizaciones sociales. Estas denuncias, algunas realizadas de manera anónima y otras identificadas, han desencadenado un proceso judicial que ahora también será objeto de atención por parte del Congreso.

Sin embargo, la convocatoria de la comisión de Derechos Humanos ha generado cierta controversia. El diputado Hugo Yasky, vicepresidente de la comisión, expresó su sorpresa y preocupación por el enfoque adoptado, sugiriendo que se está utilizando la institución del Congreso de manera irresponsable para ventilar denuncias sin pruebas sólidas.

Por otro lado, fuentes cercanas al Partido Obrero han cuestionado la legalidad y el propósito de esta convocatoria, especialmente dado que la causa judicial aún se encuentra bajo secreto de sumario. Han calificado la situación como una "clara operación" y han manifestado su preocupación por el manejo de este tema en el ámbito legislativo.