El Gobierno sostiene su decisión de no eliminar el régimen de promoción económica de la provincia de Tierra del Fuego, a pesar de las estimaciones que sugieren que esto podría resultar en una recaudación adicional de alrededor de U$S1300 millones. La oposición argumenta que el oficialismo podría comenzar a cobrar impuestos a las empresas beneficiadas sin infringir la seguridad jurídica, mientras algunos senadores señalan un lobby de empresas para mantener los beneficios fiscales intactos.

Según los números del Presupuesto, el régimen vigente en Tierra del Fuego representa una pérdida de ingresos para el Estado de $1.145.844.000.000, lo que equivale a unos U$S1300 millones, considerando el tipo de cambio oficial promedio del Banco Central. Para el año 2024, este esquema representa un gasto tributario del 0,33% del producto.

Un funcionario cercano a Javier Milei declaró a TN que el Gobierno no tiene intención de modificar este régimen debido a razones de seguridad jurídica y para mantener la confianza de los inversores en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Señaló que existen contratos ya firmados y que el sistema se encuentra prorrogado hasta el año 2038. Añadió que sería pertinente cuestionar a los diputados que votaron a favor de esta medida para comprender sus razones.