La causa, que fue iniciada en 2017 por Gerardo Marcelo, Fabián Arturo y Marta Patricia Rousselot, ha enfrentado demoras en su trámite debido a diversos motivos, incluida la pandemia. En el transcurso del proceso, se citaron como testigos a figuras destacadas como el ex presidente interino Eduardo Duhalde, el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, y el secretario general de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, aunque nunca declararon.

El reclamo se encuentra actualmente en el Juzgado Civil número 72, bajo la dirección del juez Eduardo Maggiora, donde se espera una resolución sobre la apelación presentada por la expresidenta contra el rechazo de un planteo de cierre de la causa por "falta de acción".

Los demandantes argumentan que las afirmaciones de Fernández de Kirchner durante la cadena nacional causaron un daño moral al difunto Juan Carlos Rousselot, al imputarle falsamente un delito de estafa relacionado con un convenio para el desarrollo del Plan Cloacas en Morón. Según ellos, Rousselot nunca cometió dicho delito, y la expresidenta estaba al tanto de esta información al momento de realizar sus declaraciones.

Este nuevo frente judicial representa un desafío para Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá enfrentar las repercusiones de sus palabras durante su mandato presidencial.