La receta médica ha sido un pilar en la relación entre médicos y pacientes, sirviendo como guía oficial para tratamientos farmacológicos y como respaldo legal en el ámbito de la salud. A través de los siglos, esta herramienta ha evolucionado desde recomendaciones orales hasta la formalidad estandarizada del papel, eliminando imprecisiones y asegurando derechos fundamentales para pacientes, médicos y farmacéuticos.

Con el advenimiento de la era digital, la receta electrónica ha comenzado a tomar protagonismo. Países desarrollados adoptaron este formato a principios de los 2000, pero en nuestro país, la verdadera transición se vio acelerada durante la pandemia de COVID-19. Esta crisis sanitaria impulsó la adopción de sistemas de salud digitales, llevando a la promulgación de una ley específica de prescripciones electrónicas.

La receta electrónica ofrece múltiples beneficios, como mayor accesibilidad, legibilidad y eficiencia en la gestión de prescripciones. Además, contribuye al cuidado del medio ambiente al reducir el uso de papel. Con el respaldo legal del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que la hace obligatoria, y en vista de recientes casos de prescripciones fraudulentas, la transición hacia este formato digital parece ser inevitable.