El Gobierno anunció el cierre de dos organismos públicos, el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, como parte de su plan de reducción del gasto público. Esto implicará el despido de 900 empleados, según adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni. 

Adorni explicó que los organismos cerrados mostraban una gestión ineficiente, con una distribución desproporcionada de recursos y un alto porcentaje del presupuesto destinado a pagar sueldos. Según detalló, el Instituto de Agricultura Familiar contaba con numerosas delegaciones y vehículos, con un gasto excesivo en relación con su función principal. El Gobierno justifica estas medidas como parte de una necesaria racionalización de los recursos públicos y critica la gestión previa por su falta de eficiencia y transparencia en el uso de los fondos.