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# El buque Danstar conectará Punta Arenas con las Islas Malvinas

La nueva conexión comercial comenzaría a operar entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2026. El servicio estará a cargo de la naviera chilena Easter Island, que firmó un contrato con la Falkland Islands Development Corporation, organismo vinculado al desarrollo económico de las islas.

El barco Danstar, con bandera chilena y capacidad para transportar 1.389 toneladas, realizará el trayecto a través del estrecho de Magallanes, sin utilizar el paso Drake. Según informó la empresa, la navegación cubrirá aproximadamente 900 kilómetros y demandará dos días y medio.

Entre las mercancías previstas figuran frutas frescas, lácteos, madera, cemento, gas licuado, maquinaria pesada, alimentos para animales y otros productos. La conexión permitiría reducir a menos de la mitad la distancia del actual abastecimiento marítimo desde Montevideo, Uruguay, que se encuentra a unos 2.000 kilómetros del archipiélago.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, estimó que el intercambio comercial podría superar los 20 millones de dólares anuales. La iniciativa representa una oportunidad económica para la región chilena de Magallanes, aunque también plantea interrogantes para la política exterior argentina.

Uno de los principales cuestionamientos en Argentina está relacionado con la posibilidad de que la nueva ruta no solo facilite el suministro de bienes de consumo, sino que también pueda contribuir a las operaciones vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las Malvinas.

La preocupación se enmarca en la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y en el rechazo argentino a las actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas en la plataforma continental bajo su jurisdicción.

Un informe del Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía de la Universidad Nacional de Rosario advierte que la diversificación de las conexiones logísticas del archipiélago puede fortalecer la continuidad de la presencia británica. En ese análisis, el abastecimiento regional aparece como un factor estratégico, ya que reduce la dependencia de rutas más extensas.

Sin embargo, la apertura de una conexión comercial no modifica por sí misma la situación jurídica de soberanía sobre las islas. El debate gira en torno a sus posibles consecuencias económicas, logísticas y políticas a largo plazo.

La nueva ruta generó respuestas en distintos ámbitos políticos e institucionales. En el Congreso nacional, el diputado Guillermo Michel, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para denunciar el Tratado de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes entre Argentina y Chile.

Por otra parte, el excanciller Santiago Cafiero, junto con otros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, promovió una iniciativa para convocar al embajador chileno en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, con el objetivo de conocer los alcances del servicio marítimo y sus posibles implicancias para el abastecimiento del proyecto Sea Lion.

En Tierra del Fuego, la legisladora María Victoria Vuoto impulsó un proyecto de declaración de rechazo a la conexión. La propuesta solicita al Poder Ejecutivo nacional que realice gestiones diplomáticas ante Chile y brinde información sobre el itinerario, las cargas y las autorizaciones vinculadas con la operación.

Además, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata remitió una carta documento al canciller Pablo Quirno para reclamar la aplicación de las disposiciones previstas en la Ley 26.659, que establece restricciones y sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina.

Pese a los cuestionamientos, el Gobierno argentino reconoció que existen limitaciones para impedir la navegación. El canciller Pablo Quirno señaló públicamente que Argentina no puede frenar el denominado paso inocente de un buque por aguas sujetas al régimen de navegación aplicable.

La discusión también se desarrolla en un contexto de relaciones bilaterales entre los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast, en el que las autoridades buscan evitar que el desacuerdo derive en una escalada diplomática.

En Chile, los excancilleres Alfredo Moreno Charme y Alberto van Klaveren llamaron a actuar con prudencia y advirtieron sobre la importancia de preservar la relación entre ambos países.

El marco jurídico internacional es otro elemento central del debate. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar contempla el derecho de paso inocente por el mar territorial, mientras que el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984 establece garantías para la navegación hacia y desde el estrecho de Magallanes.

La futura conexión entre Punta Arenas y Malvinas pone en discusión intereses comerciales, relaciones diplomáticas y la estrategia argentina en torno a la soberanía del archipiélago.

Mientras sectores políticos y organizaciones de excombatientes advierten sobre las posibles consecuencias de fortalecer la logística de las islas, desde Chile se presenta la iniciativa como una operación comercial entre privados.

En paralelo, Argentina informó que el 13 de octubre de 2026 presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación británica de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Según la información publicada por Infobae, las audiencias fueron previstas para el 10 y el 11 de noviembre.

El inicio de la ruta marítima, previsto para fines de noviembre o principios de diciembre, será un nuevo punto de atención para las relaciones entre ambos países y para el seguimiento de las actividades económicas vinculadas con las Islas Malvinas.

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