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date_published: "2026-10-17T12:42:00-03:00"
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# Verbes en el Consejo Federal Fiscal: “El federalismo debe contemplar los costos reales de sostener los servicios públicos”

El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, **Ezequiel Verbes**, expuso ante el **Consejo Federal Fiscal**la situación económica y financiera de la Provincia, con eje en los desequilibrios estructurales que vienen desde gestiones anteriores, condicionando las cuentas públicas y la necesidad de revisar los criterios de distribución de los recursos nacionales.

Durante su intervención, el funcionario planteó que el debate sobre la coparticipación federal no puede limitarse a la cantidad de habitantes de cada jurisdicción. Sostuvo que también debe contemplar las obligaciones de gasto, las brechas de infraestructura y las particularidades territoriales que incrementan el costo de sostener los servicios públicos.

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**Verbes** señaló que Santa Cruz enfrenta problemas estructurales vinculados con la situación de la Caja de Previsión Social y las empresas del Estado, que requieren una discusión de fondo sobre su sostenibilidad financiera.

En ese contexto, remarcó que la **Provincia debe afrontar gastos esenciales en educación, salud y seguridad**, con obligaciones que se traducen en el pago de salarios docentes, personal sanitario y efectivos policiales, además del funcionamiento de los servicios en todo el territorio.

El ministro consideró que la discusión sobre la distribución de los recursos nacionales debe incorporar estas responsabilidades y no atender exclusivamente a los indicadores poblacionales.

Uno de los puntos centrales de la exposición fue el impacto de las distancias y de la infraestructura pendiente sobre los costos de funcionamiento del Estado provincial.

**Verbes** explicó que Santa Cruz tiene una población relativamente pequeña distribuida en un territorio extenso, con localidades que todavía dependen de sistemas de generación eléctrica a gasoil, una alternativa más costosa que la conexión al sistema interconectado. A esto se suman las necesidades de inversión en agua potable, cloacas, infraestructura energética y rutas.

La brecha de infraestructura, sostuvo, es una variable central para comprender la realidad fiscal santacruceña y las necesidades de financiamiento que enfrenta el Estado para garantizar servicios en todas las localidades.

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El titular de Economía también se refirió al impacto de la reducción de los ingresos sobre las finanzas provinciales. Según explicó, la evolución de la coparticipación nacional y de la recaudación propia, particularmente de Ingresos Brutos, está estrechamente vinculada con el nivel de actividad económica.

La presentación fiscal expuesta ante el Consejo Federal Fiscal muestra que, entre **enero y septiembre de 2026, Santa Cruz registró ingresos por aproximadamente $1,754 billones y gastos por $2,297 billones**. La diferencia entre ambos montos refleja la presión que enfrenta la administración provincial para atender sus compromisos.

En ese escenario, **Verbes** señaló que el Gobierno provincial puso en marcha un programa de ahorro para administrar los recursos disponibles y atender las obligaciones prioritarias.

Y en este punto lamentó la postura adoptada por **la oposición rechazando** **las medidas propuestas para el equilibrio fiscal**, como la **ley de emergencia económica**, el **plan de** **financiamiento estratégico** y otras acciones tendientes a lograr el sostenimiento de las cuentas públicas.

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Como parte de las medidas destinadas a ordenar las cuentas públicas, el ministro indicó que Santa Cruz trabaja también en distintos programas con articulación, orientados a encauzar la situación financiera provincial.

En ese marco, la agenda prevé la **visita de representantes del Gobierno nacional a Perito Moreno los días 13 y 14 de noviembre**, una instancia que podrá contribuir al tratamiento de la situación fiscal y de las necesidades de la Provincia.

La exposición de Verbes se inscribió así en el **debate federal sobre la distribución de los recursos y la sostenibilidad de las finanzas públicas**, con un planteo centrado en la necesidad de que los criterios de reparto contemplen no solo cuántos habitantes tiene cada jurisdicción, sino también cuánto cuesta garantizar derechos y servicios esenciales en cada territorio.

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