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title: "El Gobierno negocia beneficios fiscales para modificar la Ley de Financiamiento Universitario"
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date_published: "2026-10-15T07:59:00-03:00"
date_modified: "2026-10-15T08:06:58-03:00"
author_name: "Redacción I24"
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# El Gobierno negocia beneficios fiscales para modificar la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional negocia con las universidades públicas una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple mayores partidas presupuestarias para 2027 y beneficios fiscales para las instituciones educativas. La propuesta incluye mantener reducidas las contribuciones patronales que las casas de estudio deben pagar por sus trabajadores.

La iniciativa busca acercar posiciones con las universidades y avanzar en una modificación de la Ley 27.795, en medio del conflicto por los recursos destinados al sistema universitario y de las medidas judiciales que exigen al Ejecutivo cumplir con la normativa vigente. Sin embargo, las conversaciones continúan en una etapa informal y todavía no existe un acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Las contribuciones patronales son los aportes que las universidades, como empleadoras, deben realizar al sistema de seguridad social por sus trabajadores docentes y no docentes. El Gobierno analiza sostener o modificar el régimen de alícuotas reducidas, aunque todavía no definió qué porcentaje ofrecerá ni qué instrumento legal utilizará para implementar la medida.

La discusión también se vincula con el Presupuesto 2027. Desde el Ejecutivo reconocen que están dispuestos a incrementar los fondos previstos para las universidades respecto del proyecto presentado, pero descartan alcanzar los aproximadamente 11 billones de pesos que reclama el CIN. La estrategia oficial consiste en combinar una mejora de las partidas con un alivio en las obligaciones previsionales de las instituciones.

Uno de los puntos centrales es el régimen establecido por el Decreto 1571/2010 para determinadas universidades nacionales que registraban deudas previsionales y se incorporaron a planes de regularización. La normativa contempló una alícuota reducida del 10,17%, mientras que un decreto de 2023 estableció un esquema de aumento progresivo para las instituciones que cancelen sus deudas.

Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que un incremento de las contribuciones tendría un impacto directo en sus cuentas, debido a que cerca del 90% de sus recursos se destina al pago de salarios. Además, remarcan que las conversaciones con el Gobierno todavía no se tradujeron en una propuesta definitiva.

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