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# SanCor: la Justicia destrabó la licitación para vender sus plantas y marcas

La Cámara de Apelaciones de Rafaela habilitó la continuidad del proceso de venta de los activos de la histórica cooperativa láctea, tras introducir modificaciones al pliego de condiciones. La operación involucra seis plantas industriales, un importante paquete de marcas y el futuro laboral de cientos de trabajadores.

La Justicia de Rafaela autorizó la reapertura de la licitación para vender las seis plantas industriales y el paquete de marcas de SanCor, luego de más de dos meses de paralización del proceso. La decisión permite avanzar con la liquidación de los activos de la histórica cooperativa láctea, aunque establece una serie de modificaciones en las condiciones de venta.

La resolución fue emitida por la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail. El tribunal rechazó los pedidos de nulidad presentados por distintas partes, pero ordenó corregir aspectos del pliego aprobado previamente por el juez de primera instancia Marcelo Gelcich.

La licitación había sido suspendida el 3 de julio, a raíz de las impugnaciones presentadas contra el esquema de comercialización. Uno de los principales puntos de conflicto estaba relacionado con la posibilidad de vender las plantas y las marcas por separado, una modalidad que algunos de los interesados consideraban perjudicial para el valor de la empresa.

Con el nuevo fallo, la Justicia decidió mantener el proceso en marcha, aunque con cambios destinados a garantizar una mayor transparencia y proteger los intereses de los acreedores.

Una operación de más de 52 millones de dólares

El precio base de la licitación se mantiene en 52,1 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera:

27,4 millones de dólares por las seis plantas industriales.

24,7 millones de dólares por el conjunto de marcas y otros activos intangibles.

Una de las modificaciones establecidas permite que el comprador abone el monto en pesos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil anterior.

Además, la Cámara ordenó ampliar los informes de tasación de los establecimientos industriales y estableció que la documentación técnica pueda ser consultada sin restricciones ni costos adicionales.

El tribunal también dispuso que, al momento de evaluar las ofertas, se compare expresamente la propuesta por el conjunto de los activos con las ofertas parciales, con el objetivo de determinar cuál resulta más conveniente para los acreedores.

Las marcas y la planta de Sunchales, en el centro de la disputa

Uno de los aspectos más complejos del proceso está relacionado con la planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida.

Estos bienes se encuentran vinculados a fideicomisos en garantía y existen controversias judiciales sobre su titularidad. Por ese motivo, la Cámara determinó que no pueden transferirse de manera definitiva antes de que se resuelvan las cuestiones legales pendientes.

Sin embargo, decidió mantenerlos dentro de la licitación para evitar una reducción del valor del conjunto de activos.

La resolución establece que se deberá realizar una valuación individual de las marcas involucradas y que la parte del precio correspondiente a esos bienes quedará depositada en una cuenta judicial hasta que se resuelvan las controversias.

Empresas interesadas en adquirir los activos

Antes de la suspensión de la licitación, diez empresas habían adquirido los pliegos para participar del proceso.

Entre los interesados figuran la compañía francesa Savencia, propietaria de Milkaut; Adecoagro, fabricante de Las Tres Niñas; Punta del Agua; Elcor, vinculada a la marca La Tonadita; y La Tarantela.

También aparece el empresario Gustavo Scaglione, quien había intentado participar en anteriores propuestas para rescatar a la cooperativa.

Los interesados podrán continuar en el proceso sin tener que adquirir nuevamente los pliegos.

SanCor solicitó su propia quiebra en abril de 2026, luego de atravesar varios años de dificultades económicas y productivas.

La empresa acumulaba una deuda superior a los 120 millones de dólares y más de 1.500 acreedores. Al momento de la quiebra, la cooperativa contaba con 914 trabajadores, aunque cientos de empleados ya habían quedado desvinculados durante el proceso de crisis.

La compañía, que llegó a operar 14 plantas industriales y a emplear a unas 4.000 personas durante su etapa de mayor expansión, atraviesa ahora una etapa de liquidación de sus activos.

La reapertura de la licitación representa un nuevo paso en el proceso judicial, cuyo desenlace tendrá consecuencias para los trabajadores, los acreedores y la actividad productiva de la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba.

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