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# Fentanilo contaminado: por qué detuvieron a dos exfuncionarias de la ANMAT

Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos, quedaron involucradas en la investigación por la distribución de fentanilo contaminado que provocó decenas de muertes. La Fiscalía sostiene que ambas conocían las irregularidades detectadas en los laboratorios y que no se adoptaron a tiempo todas las medidas preventivas disponibles.

La investigación judicial por el fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo con la detención de dos exfuncionarias que ocuparon cargos centrales dentro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Se trata de Nélida Agustina Bisio, quien estuvo al frente del organismo hasta enero de 2026, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas fueron detenidas en el marco del expediente que busca determinar las responsabilidades detrás de la producción y distribución de ampollas de fentanilo contaminado vinculadas con la muerte de pacientes en distintos centros de salud del país.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a que las exfuncionarias habrían tenido conocimiento de las condiciones de riesgo existentes en los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, empresas involucradas en la fabricación y comercialización del medicamento.

Uno de los puntos centrales de la investigación son las inspecciones realizadas por el INAME a Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024.

Según la acusación fiscal, durante esos controles se detectaron distintas deficiencias vinculadas con las condiciones de fabricación y los sistemas de calidad. El Ministerio Público sostiene que las autoridades de la ANMAT contaban con información suficiente para advertir que existía un escenario de riesgo elevado.

La Fiscalía considera que, frente a esas circunstancias, el organismo regulador disponía de distintas herramientas para intervenir: podía ordenar la inmovilización o retiro de lotes, prohibir la comercialización de determinados productos, inhibir las actividades de los laboratorios o emitir alertas sanitarias.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación, las medidas no se habrían aplicado con la rapidez necesaria.

Uno de los elementos incorporados al expediente es un proyecto elaborado por personal técnico del INAME el 3 de enero de 2025, que planteaba emitir una advertencia a Laboratorios Ramallo y retirar determinados productos. Según la investigación, esa advertencia recién fue firmada el 10 de febrero, mientras que el retiro de los medicamentos se concretó posteriormente.

El caso comenzó a tomar dimensión cuando se detectó que ampollas de fentanilo producidas por Laboratorios Ramallo y comercializadas por HLB Pharma estaban contaminadas con bacterias.

El medicamento había sido distribuido a distintos centros de salud y administrado a pacientes internados. La contaminación fue vinculada con infecciones graves y con decenas de fallecimientos.

La investigación judicial sostiene que el producto contaminado estuvo relacionado con al menos 90 muertes y más de 40 personas que sufrieron lesiones, aunque la causa continúa abierta y el número de víctimas podría modificarse a medida que avance el análisis de los casos.

La acusación no sostiene simplemente que las exfuncionarias hayan participado de la fabricación del medicamento. El eje está puesto en su presunta responsabilidad como autoridades del organismo encargado de controlar y fiscalizar a los laboratorios.

Para los fiscales, Bisio y Mantecón Fumadó conocían antecedentes y deficiencias de las empresas involucradas y, aun así, no habrían tomado todas las medidas que tenían a disposición para evitar que el medicamento llegara al sistema sanitario.

La Fiscalía sostiene que las funcionarias conocían el nivel de riesgo generado por las condiciones en las que se fabricaban los medicamentos y que esa situación podía derivar en muertes y lesiones.

La investigación busca establecer, además, si las omisiones atribuidas a las exfuncionarias tuvieron una relación concreta con la distribución del fentanilo contaminado y con las consecuencias que posteriormente sufrieron los pacientes.

Ambas fueron trasladadas a los Tribunales Federales de La Plata para prestar declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak.

Bisio declaró durante casi dos horas y, según trascendió, decidió completar su exposición mediante un escrito y responder preguntas en una nueva audiencia. Su defensa cuestionó las acusaciones y sostuvo que la exfuncionaria aportaría su versión sobre las decisiones adoptadas durante su gestión.

Mantecón Fumadó, por su parte, se remitió inicialmente a un escrito presentado anteriormente y respondió preguntas durante varias horas. En su declaración habría señalado que sus superiores conocían las decisiones que se tomaban dentro de la ANMAT y mencionó también al ministro de Salud, Mario Lugones.

La situación judicial de ambas comenzó a diferenciarse posteriormente. A Bisio se le concedió la excarcelación bajo una caución de $75 millones y con prohibición de salir del país, mientras que Mantecón Fumadó permaneció detenida en el marco de la causa.

La investigación por el fentanilo contaminado no se limita a las autoridades regulatorias. La Justicia también tiene bajo investigación a directivos, propietarios y responsables de los laboratorios involucrados en la fabricación y comercialización del medicamento.

El objetivo del expediente es determinar cómo se produjo la contaminación, por qué los productos llegaron al mercado y qué controles fallaron antes de que fueran administrados a pacientes.

Con las nuevas imputaciones, la Justicia busca establecer si además de las responsabilidades empresariales existieron fallas u omisiones dentro del organismo estatal encargado de fiscalizar la producción de medicamentos.

Mientras el expediente continúa avanzando, la Justicia deberá determinar el grado de responsabilidad que corresponde a cada uno de los imputados y si las decisiones —o presuntas omisiones— de las exfuncionarias tuvieron incidencia directa en la tragedia sanitaria provocada por el fentanilo contaminado.

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