Crisis en el mundo del Cine Argentino: rumores de cierre y recortes en el INCAA

El presidente Javier Milei ha avanzado con medidas que incluyen la liquidación del INCAA y la posibilidad de cerrar el emblemático cine Gaumont en Avenida Rivadavia.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se anunció la suspensión de una serie de contratos en el INCAA, con vencimiento previsto para el 31 de marzo de este año. Esta medida, enmarcada en la denominada "Suspensión de Erogaciones Económicas en el marco de racionalización de recursos", forma parte de un amplio plan de emergencia contenida en un mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por Milei.

Entre las acciones de austeridad implementadas se encuentran la suspensión del pago de horas extras, reducción de aportes económicos e institucionales, recortes en los gastos de personal y la eliminación de diversos beneficios y servicios, como los viajes del personal, gastos de telefonía celular, compra de comida y pago de traslados.

Además, se ha generado incertidumbre en torno al futuro del Festival de Mar del Plata, una celebración emblemática que data desde 1954. La posibilidad de no llevar a cabo este evento cultural ha sido planteada debido a los costos asociados, estimados en un millón de dólares. Esta decisión, de materializarse, podría tener repercusiones significativas en la escena cultural argentina y en la proyección internacional del cine nacional.

Otro aspecto relevante es la suspensión de la producción de Ventana Sur, el mercado de cine latinoamericano que el INCAA organiza junto al Marché du Film del Festival de Cannes. Este movimiento viene acompañado de cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación de la empresa francesa encargada de este evento. Se han mencionado casos en los que, a pesar de antecedentes de irregularidades, la continuidad de contratos se mantuvo aparentemente sin justificación.

Estas medidas y propuestas están generando un intenso debate en el ámbito del cine argentino, donde se entrelazan preocupaciones sobre la viabilidad económica del sector, la preservación del patrimonio cultural y la transparencia en la gestión de recursos y contratos internacionales.