Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.
En un esfuerzo por combatir el narcotráfico y desarticular sus redes financieras, el Gobierno ha anunciado la aplicación de la Ley Antiterrorista en la ciudad de Rosario. La medida fue adelantada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medio de la creciente escalada de violencia que afecta a la ciudad santafesina.
La Ley 26.734, diseñada para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, se ha convertido en una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), estas dos problemáticas están estrechamente relacionadas, lo que justifica la necesidad de una legislación integral que aborde ambas cuestiones de manera simultánea.
La normativa establece un marco de acción para la Unidad de Información Financiera (UIF), entidad encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información con el fin de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Uno de los aspectos destacados de la ley es su enfoque en los delitos que tienen como objetivo "aterrorizar a la población", lo que incluye acciones vinculadas al narcotráfico que generan un impacto significativo en la seguridad y el bienestar de la sociedad.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer su estrategia de seguridad y dar un paso importante en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en áreas afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico, como es el caso de la ciudad de Rosario.
El Gobierno nacional activará desde el jueves el tratamiento de la reforma laboral, con Adorni y Santilli al frente de las negociaciones con gobernadores.
Con el aval explícito de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, el senador inicia la carrera rumbo al Planalto.
