El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tomó la decisión de dar marcha atrás con el aumento del 30% en las dietas de diputados y senadores. La resolución ya fue firmada por Menem, pero aún falta la firma de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para que el incremento quede sin efecto. Según fuentes cercanas al presidente de la Cámara, los legisladores deberán devolver el dinero en uno o dos meses una vez que la medida quede oficialmente anulada.
El aumento, que generó una fuerte controversia, fue anunciado a fines de febrero y provocó críticas tanto dentro como fuera del Congreso. Originalmente, el incremento del 28% estaba destinado a los empleados del Congreso, pero no se especificó que también aplicaría a las dietas de los diputados y senadores. Esto resultó en un aumento considerable en los salarios de los legisladores, con cifras que oscilan entre los $1.567.000 y los $1.984.000, sumando otros beneficios adicionales como el plus por desarraigo y los gastos de representación.
La medida de revertir el aumento responde a la presión pública y a la reacción negativa por parte de diversas figuras políticas, incluido el presidente Javier Milei, quien se pronunció en contra de su aplicación. Con esta resolución, se busca evitar un conflicto mayor y restaurar la confianza en las decisiones del Congreso en medio de un contexto de alta sensibilidad económica y social.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido un claro señalamiento hacia el actual mandatario, Joe Biden, por la escalada de tensiones en Medio Oriente, específicamente tras el reciente ataque de Irán a Israel.
Los senadores de la Nación han decidido no recibir un nuevo aumento de sueldo después de la controversia generada por la propuesta de incremento que habría elevado sus ingresos a $8 millones mensuales en bruto. Los líderes de bloque le solicitaron a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, que no se modifique el monto de sus salarios.
El Congreso argentino ha dado un paso significativo en respuesta a las denuncias de extorsión que involucran a ciertas agrupaciones sociales. La comisión de Derechos Humanos, encabezada por la diputada Sabrina Ajmechet, ha anunciado la apertura de sesiones para recibir testimonios de aquellos que hayan sido víctimas de estas prácticas coercitivas por parte de lo que la ministra Bullrich ha llamado "gerentes de la pobreza".
