El Gobierno prorroga presupuesto 2023 y amplía discrecionalidad en gastos

El Ejecutivo, mediante el decreto 88/2023, extiende el presupuesto actual para el próximo año, otorgando a Nicolás Posse la facultad de ajustarlo según sea necesario. La medida busca sortear la falta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2024, brindando flexibilidad en la gestión.

Política27 de diciembre de 2023Pamela LeopardoPamela Leopardo

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La administración argumentó que, hasta la fecha, no ha sido aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024. Dada la avanzada etapa del Ejercicio Presupuestario 2023, consideraron que no es posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones necesarias para la gestión.

Además, la prórroga contempla las modificaciones institucionales realizadas en la reorganización ministerial del Poder Ejecutivo Nacional, que redujo a 9 la cantidad de carteras del Gabinete. La decisión también faculta a Nicolás Posse a ajustar el presupuesto según corresponda, siendo necesario modificar el decreto 1344 de 2007, que regula la autorización de gastos y desembolsos. En este sentido, se estableció en 8 mil pesos el módulo con el que se fijan las bases de las autoridades competentes para aprobar gastos, monto que podrá ser modificado por Posse con la intervención previa de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

El decreto especifica que cualquier gasto superior a 800 millones de pesos (equivalente a 100,000 módulos) deberá ser autorizado por el jefe de Gabinete para todas las jurisdicciones o máximas autoridades de organismos descentralizados. Se detallan categorías de gastos, como partidas parciales de designación de personal, pasajes y viáticos internacionales, así como partidas principales de obras de arte, publicidad y propaganda, que solo pueden ser aprobadas por las autoridades mencionadas.

A pesar de las posibles complicaciones operativas que implica no contar con un presupuesto propio, esta medida incrementa los márgenes de libertad para la administración, ya que los ingresos por encima de lo previsto en el texto prorrogado pueden distribuirse con mayor discrecionalidad. La decisión refleja la voluntad del Gobierno de aplicar criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos existentes.

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