Visiones opuestas entre propietarios e inquilinos en la derogación de la Ley de Alquileres

A partir de ahora, los contratos de alquiler estarán regidos por el Código Civil y Comercial, permitiendo la libre negociación del plazo, precio, moneda y modalidad de actualización. Para los inquilinos, esto plantea una situación crítica. Diego Fernández Camillo, del Movimiento Inquilino Nacional, expresó su preocupación, afirmando que este cambio podría dejar a miles de locatarios sin vivienda y forzar a los pequeños propietarios a vender sus propiedades a precios bajos, una tendencia que ha venido ocurriendo en los últimos años.

El debate se intensifica con la visión inconstitucional de la derogación. Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, argumenta que no existe la necesidad ni urgencia para que el Poder Ejecutivo legisle en nombre del Congreso sobre una ley que fue votada en ese ámbito hace apenas dos meses.

En respuesta, propietarios de inmuebles sostienen que la opción de acuerdo entre partes, como funcionaba la norma hasta 2020, y el retorno al mecanismo del Código Civil y Comercial, ofrece una vía para aliviar la presión en el mercado de alquiler. Karina González, de la agrupación Propietarios Unidos de Argentina, destaca la importancia de la defensa de la propiedad privada y la seguridad jurídica. Asegura que la pronta intervención judicial para recuperar la propiedad y ponerla nuevamente en alquiler, así como la ejecución eficiente de garantías para el cobro, son esenciales.

Bárbara Durán, otra integrante de la agrupación, sostiene que mejorar la seguridad jurídica facilitaría el desalojo exprés al flexibilizar los requisitos para los inquilinos, independientemente de la duración del contrato.

El debate sobre la derogación de la Ley de Alquileres comienza a resonar cada vez más, con visiones opuestas entre propietarios e inquilinos sobre el impacto y la necesidad de esta medida. Mientras los primeros la ven como una oportunidad para la libre negociación y la estabilidad en el mercado, los segundos la consideran perjudicial y buscan alternativas para proteger sus derechos y viviendas.