La propuesta de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, para regular las protestas sociales, conocida como el nuevo protocolo "antipiquetes", ha llamado la atención de la comunidad internacional, generando críticas, entre ellas la del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule.
A través de su cuenta de Twitter, Voule expresó su preocupación, declarando: "Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales". Asimismo, el relator instó a las autoridades a garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica, comprometiéndose a seguir de cerca la situación en Argentina.
Estas críticas se suman a las provenientes del redactor en jefe de los discursos de Barack Obama, Jon Favreau, quien, en un tuit, calificó al gobierno de Javier Milei como "dictador en su primera semana". Además, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura expresó su oposición al protocolo, señalando que contradice la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.
El documento del comité también critica la interpretación del artículo 194 del Código Penal y la autorización para detener personas sin orden judicial previa, así como el impacto del protocolo en las facultades del Poder Legislativo y Judicial. Advierten que el uso de la fuerza debe ser excepcional y como último recurso, según los estándares internacionales de derechos humanos.
