La Corte Suprema resolvió que las prepagas deberán pedir autorización al Gobierno para aumentar sus cuotas

Actualidad19 de noviembre de 2026 I24

El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado los controles estatales sobre los precios de la medicina privada. La Superintendencia de Servicios de Salud volverá a tener facultades para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepaga ya no podrán aumentar libremente el valor de sus cuotas sin contar previamente con la autorización del Gobierno. La decisión representa un cambio importante en la regulación del sector y restituye las facultades de control que habían sido eliminadas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

El fallo declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del mencionado decreto, que habían modificado la Ley 26.682 y eliminado la intervención estatal en la actualización de los valores de los planes de salud.

A partir de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos que propongan las empresas de medicina prepaga.

La decisión judicial se originó en una demanda presentada por una afiliada, cuya cuota había registrado un incremento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. En ese período, el aumento previsto bajo el esquema de regulación anterior para enero de 2024 era del 6,26%.

El pronunciamiento lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que no estaban acreditadas las circunstancias excepcionales que justificaran eliminar los controles estatales mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Uno de los aspectos importantes de la resolución es que, si bien restituye el control gubernamental sobre los incrementos, no establece un límite automático vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, las empresas podrán solicitar actualizaciones tarifarias, pero deberán fundamentarlas en las variaciones de sus estructuras de costos y en cálculos actuariales razonables sobre los riesgos cubiertos. La autoridad de aplicación tendrá la responsabilidad de evaluar cada propuesta.

La Corte también cuestionó los argumentos utilizados para justificar la desregulación, al considerar que la referencia a una crisis del sistema sanitario y a la necesidad de mejorar la competitividad no demostraba por sí sola una urgencia que habilitara al Poder Ejecutivo a modificar mediante un DNU el régimen establecido por el Congreso.

El fallo marca un precedente relevante para el sistema de medicina privada en Argentina y devuelve al Estado un papel central en la supervisión de los aumentos de las cuotas, una cuestión que afecta directamente a millones de afiliados.

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