Ordenaron liquidar Austral Agro, la empresa de Lázaro Báez vinculada a la explotación de estancias en Santa Cruz

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 dispuso la liquidación de las acciones de Austral Agro S.A., una sociedad que pertenece a Lázaro Báez y a su hijo Martín. La medida busca avanzar sobre los activos de la compañía para cancelar las millonarias deudas que ambos mantienen con el Estado. La Justicia también investiga presuntos contratos de arrendamiento que el empresario habría continuado administrando desde la cárcel.

La decisión fue adoptada por el tribunal a partir de un pedido del Ministerio Público Fiscal. La resolución ordenó liquidar el paquete accionario de Austral Agro S.A. y convocó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que asuma el control operativo de la compañía, con el objetivo de avanzar en la recuperación de activos y el pago de las obligaciones pendientes.

Según informó La Nación, el Libro Registro de Acciones de la sociedad establece que el 70% de la empresa pertenece a Lázaro Antonio Báez, mientras que el 30% restante está a nombre de su hijo Martín Antonio Báez. Ambos registran importantes deudas con el Estado por multas que permanecen impagas: el empresario debe más de 329 millones de dólares y su hijo alrededor de 274 millones de dólares.

Como parte del procedimiento, el tribunal también solicitó a las veedoras del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que realicen una valuación patrimonial integral de Austral Agro S.A. y de todos sus activos. El plazo establecido para presentar ese informe es de diez días hábiles.

La empresa fue creada por los Báez para adquirir y administrar distintas propiedades rurales en Santa Cruz. Sin embargo, pese a los anteriores pedidos judiciales para avanzar con su liquidación, la sociedad continuaba activa. De acuerdo con las investigaciones, a través de Austral Agro el empresario habría mantenido la explotación de al menos diez estancias mediante contratos de arrendamiento con distintos ocupantes.

La operatoria habría continuado incluso durante su detención, con acuerdos que se formalizaban en escribanías de Río Gallegos. Ahora, la Justicia busca determinar la validez de esos contratos, el destino de los fondos obtenidos y el grado de responsabilidad de las personas que habrían realizado pagos al empresario.