Pablo Grasso impulsa acciones de apoyo al sector comercial en un escenario de crisis económica

Este mediodía, el intendente Pablo Grasso encabezó la firma del Decreto Ad Referéndum que establece un período de gracia de hasta 90 días corridos para el pago de los derechos y tasas municipales correspondientes a nuevas habilitaciones comerciales. 

La rúbrica fue acompañada por el secretario de Producción, Comercio e Industria Gerardo Mirvois, la Diputada Nacional Moira Lanesan, Guillermo Polke, de la Federación Económica de Santa Cruz; Leandro Fadul, de la Cámara de Comercio de Río Gallegos; Iris Costa y Ricardo López, de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines; y Pedro Uribe, Graciela Martínez y Graciela Sancho, en representación de la Cámara Inmobiliaria.

Durante el encuentro, el jefe comunal y los referentes del sector privado analizaron con profunda preocupación la grave crisis económica que atraviesan el país y la provincia, producto del rumbo y las decisiones económicas impulsadas por el Gobierno Nacional. Frente a un escenario signado por la caída del consumo, el aumento de los costos operativos y la retracción de la actividad, coincidieron en la necesidad de articular políticas locales que funcionen como un escudo para el comercio y la producción.

Los empresarios y dirigentes sectoriales valoraron la decisión política del Ejecutivo municipal de poner en marcha herramientas concretas de alivio financiero, destacando la presencia activa del Estado local para sostener la inversión privada y defender las fuentes de trabajo en la capital santacruceña.

El beneficio alcanza exclusivamente a los establecimientos comerciales, productivos o de servicios cuya superficie cubierta total habilitada no supere los 150 metros cuadrados, focalizando así el acompañamiento municipal en los pequeños y medianos comercios de cercanía.

Esta normativa, que será elevada al Concejo Deliberante para su ratificación, otorga un plazo de 90 días corridos para abonar los derechos y tasas de habilitación previstos en la Ordenanza Nº 2038 sin recargos ni intereses. Desde el Ejecutivo se aclaró que no se trata de una exención tributaria, sino de una acción para que el nuevo emprendimiento comience a generar ingresos antes de afrontar la carga fiscal.

Asimismo, se precisó que la medida no exime al solicitante de cumplir de manera obligatoria y previa con todas las exigencias documentales, técnicas, de zonificación, salubridad, seguridad e higiene vigentes.

En caso de que el titular no cancele los importes dentro del plazo de gracia estipulado, la Secretaría de Producción, Comercio e Industria podrá declarar la caducidad de la habilitación y disponer la clausura del establecimiento hasta la regularización de la deuda con sus respectivos intereses.