El Salvador: condenaron a 15 años de prisión a un activista de derechos humanos por estafa

La Justicia de El Salvador condenó a 15 años de prisión al defensor de derechos humanos Fidel Zavala, acusado de cometer estafa agravada contra tres personas por un monto total de 4.025 dólares. La sentencia generó fuertes cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales, que denunciaron una posible persecución contra quienes critican al gobierno del presidente Nayib Bukele.

Según informó la agencia AFP, Zavala fue detenido en febrero de 2025 junto a más de 20 referentes de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), en una investigación por la presunta comercialización irregular de lotes y parcelas.

El órgano judicial informó que el activista fue condenado por tres hechos de estafa agravada, ocurridos entre noviembre de 2018 y febrero de 2021, por los que recibió cinco años de prisión por cada delito. Zavala ya había estado detenido en 2022 por una acusación similar, pero recuperó la libertad en 2023 luego de ser absuelto por falta de pruebas, aunque la Fiscalía apeló aquella decisión.

Tras salir de prisión, el activista denunció presuntas torturas, malos tratos y muertes de personas detenidas dentro del sistema penitenciario salvadoreño. A partir de esas denuncias, profundizó su trabajo junto a UNIDEHC, organización de la que posteriormente se convirtió en vocero.

La condena provocó una fuerte reacción de organizaciones defensoras de derechos humanos. Cristosal calificó a Zavala como una de las voces más valientes del país por sus denuncias sobre torturas, tratos crueles y corrupción en las cárceles, y sostuvo que la sentencia confirma la persecución y criminalización de los defensores de derechos humanos. Por su parte, UNIDEHC consideró que se trata de un proceso con contenido político y anunció que apelará el fallo, además de impulsar acciones ante organismos internacionales.

Amnistía Internacional y otras organizaciones también manifestaron preocupación por su situación y por la posibilidad de que sufra nuevos maltratos durante su detención. El caso se desarrolla en el contexto del régimen de excepción implementado por Bukele desde marzo de 2022 como parte de su ofensiva contra las pandillas. Aunque el mandatario mantiene altos niveles de popularidad por la reducción de la violencia, organismos de derechos humanos advierten sobre detenciones arbitrarias, abusos y muertes bajo custodia estatal. Según las denuncias citadas en el informe, más de 93.000 personas fueron detenidas desde el inicio de esa política y más de 500 murieron en prisión.