Argentina inicia un reclamo internacional para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas

La Argentina inició una nueva acción diplomática y jurídica ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir que empresas vinculadas al Reino Unido avancen con la explotación de hidrocarburos en aguas de las Islas Malvinas. El reclamo busca defender los derechos de soberanía argentinos sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

Las audiencias comenzaron este martes 10 de noviembre y se extenderán hasta el miércoles 11, en la ciudad alemana de Hamburgo. Será la primera vez que la Argentina litigue contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada con la soberanía de las Islas Malvinas.

La delegación argentina estará encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. También participarán el embajador Mario Oyarzábal, representantes de los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores y especialistas en derecho internacional.

Durante las exposiciones, la Argentina buscará demostrar que las actividades petroleras autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afectan sus derechos soberanos sobre la plataforma continental y podrían generar consecuencias irreversibles.

El reclamo apunta principalmente al proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, ubicada al norte del archipiélago.

Según las proyecciones empresariales, las perforaciones podrían comenzar en 2027 y la producción comercial de petróleo en 2028.

El Gobierno argentino sostiene que la explotación de hidrocarburos en una zona marítima cuya soberanía se encuentra en disputa constituye una actividad ilegítima y representa un riesgo para los recursos naturales y el medio ambiente.

Por ese motivo, solicitó al Tribunal que impida el inicio o la continuidad de las operaciones, limite el uso de información obtenida durante las exploraciones y adopte medidas para evitar que se agrave el conflicto.

Tras las presentaciones de ambos países, se espera que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emita una resolución en un plazo estimado de entre dos y cuatro semanas.

El Gobierno contempla tres posibles escenarios: que se acepten todas las medidas solicitadas, que se concedan solamente algunas o que el planteo sea rechazado. En cualquiera de esos casos, el procedimiento arbitral principal continuará.

En paralelo, la administración de Javier Milei mantiene otras acciones diplomáticas, administrativas y judiciales para desalentar la participación de empresas en proyectos de explotación de recursos naturales en las áreas reclamadas por la Argentina.

La presentación ante el Tribunal del Mar representa un nuevo capítulo de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos estratégicos del Atlántico Sur.