Malvinas: el Gobierno espera un fallo favorable y prepara nuevas sanciones contra petroleras

El Gobierno nacional se prepara para una nueva instancia internacional en su reclamo contra el Reino Unido por la explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. La Argentina presentará sus argumentos el 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, con el objetivo de obtener medidas provisionales que permitan frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion. Desde la Casa Rosada transmiten optimismo sobre el resultado, aunque reconocen que la decisión podría conocerse recién semanas después.

La presentación busca impedir que las actividades de exploración y explotación avancen mientras continúa el arbitraje internacional iniciado por la Argentina el 28 de septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El 13 de octubre, el país solicitó medidas provisionales para evitar que se consoliden situaciones que puedan afectar los derechos que reclama sobre los recursos del suelo y subsuelo marítimos. El procedimiento no apunta a resolver la soberanía territorial de las islas, sino a preservar los derechos invocados mientras se desarrolla la controversia.

El principal foco del reclamo es el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Las empresas proyectan comenzar las perforaciones durante 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. En el Ejecutivo consideran que la proximidad de esas operaciones justifica una intervención urgente del tribunal para evitar que la explotación de hidrocarburos avance en los espacios marítimos disputados.

La defensa argentina estará encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, junto con representantes de Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro. En el Gobierno estiman que el pronunciamiento podría producirse entre dos y cuatro semanas después de las audiencias, aunque no existe una fecha confirmada. También contemplan distintos escenarios, desde una aceptación integral del pedido hasta una resolución parcial o el rechazo de las medidas solicitadas.

En paralelo, la administración nacional prepara una ampliación de las sanciones contra empresas y proveedores vinculados con las actividades hidrocarburíferas en Malvinas. Según la información difundida, ya se enviaron más de 180 notas de desaliento y se iniciaron procedimientos sancionatorios contra 60 personas humanas y jurídicas. Sin embargo, las penalidades definitivas todavía no fueron aplicadas y el Gobierno busca avanzar con una legislación que permita endurecer las medidas existentes.

La estrategia también contempla el impulso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que obtuvo dictamen en Diputados y propone ampliar las sanciones contra compañías involucradas en la explotación de recursos, además de crear un Consejo de Seguridad Nacional. A estas iniciativas se suma el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur mediante el desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia, considerada por el Ejecutivo una infraestructura estratégica para las capacidades logísticas y operativas vinculadas con la Antártida y los espacios marítimos australes. De esta manera, el Gobierno busca sostener el reclamo por Malvinas a través de una combinación de acciones judiciales, diplomáticas, legislativas y estratégicas, independientemente del resultado de la próxima instancia internacional.