La Libertad Avanza impulsa una reforma carcelaria: busca prohibir los celulares y que los presos paguen sus gastos

La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Álvaro Martínez y propone modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. También contempla el uso obligatorio de uniformes según el nivel de peligrosidad de los internos y cambios en el sistema de trabajo penitenciario.

La Libertad Avanza presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para reformar el régimen carcelario, con medidas destinadas a restringir el uso de teléfonos celulares en las cárceles, controlar las comunicaciones de las personas privadas de libertad y establecer que los internos afronten los gastos que generan durante su detención.

La propuesta, impulsada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, apunta a combatir delitos que pueden organizarse desde los establecimientos penitenciarios, como estafas, secuestros virtuales, maniobras vinculadas al narcotráfico, lavado de activos y trata de personas. “Hay que terminar de una vez por todas con el call center tumbero”, sostuvo el legislador al fundamentar la iniciativa.

Uno de los puntos centrales es la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que los internos deberían abonar mensualmente para cubrir gastos de alimentación, servicios generales, agua, electricidad, asistencia médica y uniformes. El proyecto también establece la utilización obligatoria de prendas de color beige o marrón claro, diferenciadas mediante líneas verticales según la clasificación de peligrosidad de cada detenido: leve, media o alta. Quienes estén próximos a recuperar la libertad utilizarían uniformes lisos.

En materia de comunicaciones, la iniciativa propone modificar la Ley de Ejecución de la Pena para establecer un sistema de contactos autorizados y supervisados. Cada interno podría solicitar permiso para comunicarse con un máximo de cinco números telefónicos, cuyos titulares deberían estar previamente identificados y autorizados judicialmente. Además, se contempla el uso de teléfonos fijos y videollamadas con los defensores para facilitar el contacto con familiares y abogados, agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.

Otro de los ejes de la reforma es la reorganización del trabajo penitenciario, con el objetivo de ampliar las actividades productivas, incorporar capacitaciones vinculadas con la economía real y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE). El proyecto también plantea habilitar la participación controlada de empresas privadas, desarrollar un catálogo nacional de bienes y servicios producidos en las cárceles y promover la demanda mediante compras del sector público.

Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional correspondientes al 31 de diciembre de 2024, el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían algún tipo de remuneración por sus tareas, aunque solamente 2.922 realizaban actividades productivas vinculadas con la reinserción social. Los restantes 4.623 cobraban por labores generales de mantenimiento, limpieza y otras tareas internas.

La propuesta se suma a otra iniciativa presentada por Martínez en abril, que busca establecer penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan teléfonos celulares en su poder dentro de los establecimientos penitenciarios. Si los dispositivos fueran utilizados para cometer delitos, la sanción prevista se elevaría a entre tres y cinco años.