Conmoción en Esquel: rescataron a una mujer y sus tres hijos en un presunto caso de cautiverio

Un violento e impactante operativo policial tuvo lugar en un domicilio ubicado en Pasaje La Cascada al 663, en la ciudad de Esquel, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades por la presencia de un intenso «olor a muerto» que emanaba de la vivienda.

Al arribar al lugar, efectivos de la Policía de Chubut se encontraron con un hombre, un presunto médico que no ejercía la profesión, que se atrincheró durante varias horas dentro del inmueble, negándose a colaborar. Tras momentos de máxima tensión, las fuerzas de seguridad lograron reducirlo y concretar el allanamiento.

La esposa del agresor fue rescatada en estado crítico, junto a los tres hijos de la pareja.

La familia permanecía en la penumbra, en severas condiciones de desnutrición y con graves dificultades de comunicación (casi no hablaban).

Según los primeros datos, solo se les permitía salir durante la noche para evitar cualquier tipo de contacto o interacción con vecinos.

El hombre de 71 años quedó detenido, mientras la mujer y los menores reciben asistencia profesional.

El procedimiento se llevó adelante durante el jueves 22 de octubre, tras una investigación iniciada a partir de las advertencias de vecinos que manifestaron su preocupación por las condiciones en las que vivía la familia.

De acuerdo con la información difundida, el hombre, de 71 años, quedó detenido y es investigado por el presunto encierro prolongado de su pareja y sus hijos. La causa se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal, que busca establecer las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos.

La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando vecinos del sector realizaron una denuncia formal ante la preocupación por el aislamiento de la familia y la falta de contacto social de los menores.

Posteriormente, el 20 de octubre, integrantes de la Policía Comunitaria y profesionales del Servicio de Protección de Derechos intentaron establecer contacto con las personas que vivían en el domicilio. Ante las dificultades para ingresar a la vivienda, los equipos intervinientes elaboraron un informe de riesgo que advirtió sobre la posible situación de vulnerabilidad de sus ocupantes.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para realizar un allanamiento en el inmueble.

El procedimiento se concretó durante el mediodía del jueves y se extendió durante varias horas, con la participación de efectivos policiales, personal especializado y equipos médicos.

Según la información publicada por el medio local, durante el allanamiento se escucharon pedidos de auxilio desde el interior de la vivienda. La situación derivó en el ingreso de las autoridades, que encontraron a la mujer y a sus tres hijos en distintos sectores del domicilio.

Tras el operativo, los cuatro fueron puestos a resguardo y comenzaron a recibir asistencia profesional. Los menores cuentan con acompañamiento de equipos especializados en protección de derechos y, según la información difundida, no permanecen internados.

La vivienda quedó bajo custodia policial mientras avanzan las actuaciones judiciales.

El hombre de 71 años llamado Miguel Battista quedó imputado.

A partir de las actuaciones iniciales, la Fiscalía formalizó la imputación provisoria contra Battista por los delitos de abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La causa busca determinar el alcance temporal de las medidas de sometimiento, el grado de vulnerabilidad al que fueron expuestas las víctimas y las responsabilidades penales pertinentes.

Mientras el imputado permanece privado de la libertad a la espera de la audiencia de control de detención —donde los acusadores públicos solicitarán medidas de coerción procesal para resguardar la causa y evitar interferencias en los testimonios—, la vivienda del pasaje La Cascada quedó bajo custodia policial permanente con fines periciales.

Por su parte, la mujer y los menores fueron retirados del lugar y permanecen bajo resguardo y asistencia integral por parte de los organismos de protección de derechos de la ciudad, en tanto el proceso judicial contra Battista continuará su curso en los tribunales locales.

La investigación busca determinar si existió un encierro prolongado y establecer las posibles consecuencias que la situación habría tenido sobre la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las personas afectadas.

Las autoridades deberán reunir las pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes. La calificación legal es provisoria y la situación procesal del acusado deberá definirse en el marco de la causa.

Luego del rescate, los organismos judiciales y los equipos especializados activaron mecanismos de asistencia y acompañamiento para la mujer y los niños.

Mientras continúa la investigación, las autoridades buscan garantizar su protección y preservar su intimidad, especialmente la de los menores, para evitar una mayor exposición durante el proceso.

El caso generó conmoción en Esquel y volvió a poner en primer plano la importancia de las alertas comunitarias ante posibles situaciones de violencia familiar, aislamiento o vulneración de derechos.

La Fiscalía continuará con las actuaciones y solicitará las medidas judiciales que considere necesarias para evitar posibles interferencias en la investigación y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.