El Gobierno postergó hasta diciembre la puesta en marcha del fondo para financiar indemnizaciones

El Gobierno nacional postergó por un mes la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado en el marco de la reforma laboral para financiar las indemnizaciones por despido de trabajadores registrados del sector privado. La medida, que estaba prevista para el 1° de noviembre, comenzará a regir el 1° de diciembre de 2026.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1228, publicado este martes en el Boletín Oficial. Según explicó el Ejecutivo, la prórroga responde a la necesidad de completar las implementaciones técnicas y realizar las pruebas correspondientes para garantizar el funcionamiento del nuevo régimen.

Además, el decreto modificó el período de carencia que deberán cumplir los empleadores antes de acceder a la cobertura del fondo. El plazo pasó de seis a doce períodos mensuales consecutivos, contados desde el mes en que se registre el primer aporte efectivo al sistema.

El FAL se financiará mediante contribuciones mensuales de los empleadores, equivalentes al 2,5% de las remuneraciones para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y al 1% para el resto de las compañías privadas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de recaudar los fondos y transferirlos a las cuentas individuales correspondientes.

Los recursos podrán invertirse en distintos instrumentos financieros autorizados, entre ellos títulos de deuda del Tesoro nacional, bonos de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos en entidades bancarias habilitadas y obligaciones negociables de empresas privadas.

El esquema también contempla la posibilidad de que los empleadores soliciten la suspensión de sus contribuciones cuando acrediten que el saldo acumulado en sus cuentas resulta suficiente para cubrir las contingencias laborales. Asimismo, prevé una reducción de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social equivalente al aporte realizado al FAL.

Con la modificación del cronograma, el Gobierno busca completar los procedimientos necesarios antes de la implementación del mecanismo, que apunta a establecer una fuente de financiamiento para las indemnizaciones por despido en el sector privado formal.