El Gobierno descontará el día a los estatales que adhieran al paro de ATE y negocia fondos para las universidades

El Gobierno nacional descontará el salario correspondiente a la jornada a los empleados de la Administración Pública Nacional que se sumen al paro de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves 15 de octubre. En paralelo, la Casa Rosada busca alcanzar un acuerdo con las universidades nacionales para incrementar las partidas previstas en el Presupuesto 2027, aunque descarta llegar a los $11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La medida de fuerza de ATE incluirá una movilización al Congreso a partir de las 13.30, en reclamo de la derogación del DNU 70/2023. El sindicato anticipó que habrá guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en determinados centros asistenciales, mientras que podrían registrarse interrupciones en organismos como Migraciones, Senasa, ANSES, PAMI, la CNRT y la ANAC, entre otras dependencias.

La jornada coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria y con un nuevo intento de sectores opositores de abrir una sesión en la Cámara de Diputados para avanzar contra el decreto. Frente a este escenario, el oficialismo trabaja para evitar que la oposición reúna el quórum necesario y, al mismo tiempo, intenta mantener abiertas las negociaciones con las autoridades universitarias.

En el plano presupuestario, el proyecto del Ejecutivo contempla alrededor de $7,5 billones para las universidades nacionales, frente a los aproximadamente $11 billones que reclama el CIN. La diferencia supera los $3 billones y constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento. Las conversaciones también incluyen cuestiones impositivas y previsionales, entre ellas el régimen de contribuciones patronales de las casas de estudio.

El conflicto universitario mantiene, además, un frente judicial vinculado con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno apeló una resolución que ordenó cumplir con las disposiciones de la normativa, mientras que rectores y representantes gremiales reclaman que las obligaciones salariales y de funcionamiento sean contempladas en el presupuesto del próximo año.