El Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Salud Mental: qué cambios propone para las internaciones

El Gobierno nacional avanza en el Senado con un proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, con modificaciones en los criterios para las internaciones involuntarias, el tratamiento de las adicciones y el seguimiento de los pacientes después del alta médica. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentará este miércoles los acuerdos alcanzados durante las negociaciones parlamentarias, mientras el oficialismo busca obtener un dictamen de mayoría para debatir la iniciativa en el recinto durante la última semana de octubre.

Uno de los principales cambios propuestos apunta a modificar las condiciones para disponer una internación involuntaria. El proyecto establece que podrá aplicarse cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros. Para ello, se requerirá la evaluación y la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno de los cuales deberá ser médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría. La iniciativa busca modificar el criterio establecido en la legislación vigente, que contempla el riesgo cierto e inminente.

La reforma también incorpora cambios en el abordaje de las adicciones, al incluir expresamente los consumos problemáticos de sustancias dentro de las políticas de salud mental. Además, propone reconocer la posibilidad de aceptar o rechazar tratamientos de manera anticipada, ampliar el uso de las teleconsultas y adaptar la conformación de los equipos interdisciplinarios a los recursos humanos disponibles en cada jurisdicción.

Otro de los puntos centrales está relacionado con las altas médicas y el acompañamiento posterior. El texto plantea que los familiares o representantes legales reciban información con anticipación para organizar el egreso del paciente y contempla medidas de seguimiento ambulatorio de hasta seis meses, con controles judiciales cada 30 días. También prevé que el Estado garantice dispositivos comunitarios y asistencia cuando la persona no cuente con una red familiar que pueda acompañarla.

En el caso de niños, niñas y adolescentes con consumos problemáticos, la propuesta establece una atención especializada, con equipos capacitados en salud infantojuvenil y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. Asimismo, incorpora principios vinculados con la autonomía progresiva, la confidencialidad, el derecho a ser escuchados y la participación de las familias en los tratamientos.