San Juan: imputaron a una maestra jardinera acusada de vender útiles escolares por redes sociales

La docente está acusada de sustraer libros, juguetes y materiales didácticos de la institución educativa donde trabajaba para ofrecerlos a través de Facebook Marketplace y WhatsApp. La Justicia dispuso ocho meses para avanzar con la investigación y la mujer continuará en libertad.

Una maestra jardinera de la provincia de San Juan fue imputada por el presunto delito de peculado, acusada de sustraer útiles escolares, libros, juguetes y otros materiales educativos del establecimiento donde trabajaba para venderlos a través de las redes sociales.

La docente fue identificada como Rocío Anabel Sánchez, quien se desempeñaba en la Escuela de Nivel Inicial (ENI) N.º 62 Enrique Mosconi, ubicada en el departamento de Rivadavia. Según la denuncia, los elementos ofrecidos a la venta pertenecerían a la institución y estaban destinados a las actividades educativas de los alumnos.

Cómo comenzó la investigación

De acuerdo con la información difundida por medios locales, las primeras sospechas surgieron en septiembre de 2025, cuando se advirtieron publicaciones en las que se ofrecían materiales que podrían pertenecer al jardín de infantes.

La denuncia formal fue presentada el 29 de abril de 2026 por una compañera de trabajo, quien aportó información sobre los elementos que presuntamente habían desaparecido del establecimiento.

Entre los artículos mencionados en la causa figuran tijeras, lápices, plasticolas, crayones, acuarelas, marcadores, hojas, juguetes y juegos de madera para muñecas. Parte de estos materiales habría estado asignada a la sala de tres años que tenía a cargo la docente.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el testimonio de una emprendedora que reconoció entre los productos publicados un juego de madera para muñecas que había donado anteriormente a la institución.

Además, se incorporaron capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y documentación correspondiente al inventario escolar, con el objetivo de determinar la procedencia de los objetos.

La intervención de la Justicia

La causa quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, cuyo fiscal, Iván Grassi, solicitó la imputación de la docente por el presunto delito de peculado, una figura penal vinculada con la apropiación de bienes públicos por parte de quien tiene responsabilidades sobre ellos debido a su función.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía pidió un plazo de ocho meses para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria y reunir las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido.

La jueza de Garantías Carolina Parra hizo lugar al pedido y dispuso que la acusada permanezca en libertad mientras avance el proceso judicial, bajo determinadas reglas de conducta. Entre ellas, deberá presentarse cuando sea convocada y evitar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación.

También interviene el Ministerio de Educación

El caso tuvo repercusiones en el ámbito educativo provincial. El Ministerio de Educación de San Juan abrió un expediente administrativo para investigar las presuntas irregularidades y establecer las eventuales responsabilidades correspondientes.

Mientras continúa la investigación penal, los investigadores deberán determinar qué materiales fueron sustraídos, si efectivamente se comercializaron y cuáles fueron las circunstancias en las que desaparecieron del establecimiento.

La imputación es provisoria y la responsabilidad penal de la docente deberá establecerse durante el proceso judicial.