La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno apelará

La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional una parte del decreto mediante el cual el Ejecutivo había condicionado su implementación a la asignación de partidas presupuestarias. La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, tras los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, además de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El magistrado cuestionó específicamente el Decreto 759/2025, que promulgó la Ley 27.795 “sin perjuicio” de lo establecido por el artículo 5° de la Ley 24.629, una disposición que establece que las leyes que impliquen gastos deben contemplar su financiamiento. Para Cormick, esa condición terminó funcionando como un mecanismo para suspender de hecho la aplicación de una norma que había sido sancionada por el Congreso. El decreto fue publicado en octubre de 2025 y efectivamente incorporó esa salvedad al promulgar la ley.

En su fallo, Cormick sostuvo que, luego de que el Congreso insistiera con la ley tras el veto presidencial, el Poder Ejecutivo debía promulgarla sin restricciones. Además, señaló que la propia normativa contemplaba herramientas para que el Gobierno pudiera realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. El juez también consideró que no resultaba razonable suspender la aplicación de la ley bajo el argumento de la falta de partidas específicas.

La Ley 27.795 establece medidas vinculadas al financiamiento de las universidades públicas, entre ellas la actualización de los salarios docentes y no docentes, el fortalecimiento de las becas estudiantiles y mayores recursos para investigación, tecnología, extensión e infraestructura. La norma fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025, vetada posteriormente por el presidente Javier Milei y finalmente ratificada por ambas cámaras con las mayorías necesarias.

El fallo también tomó como referencia estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto fiscal de la norma y recordó que, durante el período en que no hubo un nuevo Presupuesto nacional aprobado, el Poder Ejecutivo realizó modificaciones y reasignaciones de partidas.

Tras conocerse la resolución, el Gobierno confirmó que apelará el fallo ante la instancia superior. De esta manera, la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario continuará ahora en la Justicia de segunda instancia.