Pablo Grasso reclamó “seguridad jurídica” para atraer inversiones y generar empleo en Santa Cruz

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó la situación económica y laboral de Santa Cruz y planteó la necesidad de generar condiciones de mayor previsibilidad para favorecer la llegada de inversiones y la creación de puestos de trabajo. Según sostuvo, la provincia necesita “seguridad jurídica y reglas claras” para recuperar actividad económica.

Grasso afirmó que desde las gestiones de Javier Milei a nivel nacional y Claudio Vidal en Santa Cruz cerraron 379 empresas y se registraron 15.280 desempleados, cifras que atribuyó al actual escenario económico. El intendente sostuvo que comercios y pequeñas y medianas empresas atraviesan dificultades por la caída del consumo y aseguró que “el ajuste lo están pagando empresarios, Pymes, comercios y trabajadores”.

En ese marco, el jefe comunal también cuestionó la evolución de la inversión extranjera en el país. Citó un informe que atribuyó a la consultora Invecq y señaló que entre 2023 y el primer semestre de 2026 la inversión extranjera habría caído un 13% respecto de los niveles de 2023. A partir de esos datos, planteó interrogantes sobre el impacto del superávit fiscal en la generación de inversión y empleo.

Otro de los puntos cuestionados por Grasso fue el funcionamiento de la SAU, a la que señaló por competir con comercios privados bajo condiciones que, según su planteo, resultarían desiguales debido a su respaldo estatal. El intendente sostuvo que esta situación podría profundizar las dificultades que atraviesa el sector comercial y afectar los niveles de consumo.

Finalmente, Grasso planteó la necesidad de construir “otra Santa Cruz”, basada —según expresó— en reglas claras, estabilidad y previsibilidad para quienes buscan invertir. “No se trata de regalar la tierra o de flexibilizar el cuidado de nuestros recursos naturales, se trata de buscar estabilidad y reglas claras”, afirmó. Las cifras sobre empleo, cierres de empresas e inversión mencionadas por el intendente corresponden a sus propias declaraciones y requerirían contraste con fuentes oficiales y estudios independientes para su verificación.