Causa ANDIS: el exinterventor alertó a la Justicia por sobreprecios y otras irregularidades

El exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, informó a la Justicia sobre una serie de presuntas irregularidades detectadas en las compras del organismo antes de dejar su cargo. Los informes de auditoría revisaron más de 500 expedientes y señalaron diferencias de precios de hasta 4239% respecto de valores de referencia, además de facturas duplicadas, dificultades para seguir la trazabilidad de los pagos y contrataciones sin documentación suficiente.

Uno de los principales puntos señalados fue la existencia de insumos médicos y ortopédicos adquiridos a precios muy superiores a los registrados como referencia. Entre los casos mencionados aparece la compra de un sistema de válvula bicava transcatéter por $425 millones, mientras que el PAMI había adquirido un insumo de características comparables por $124,2 millones. También se detectó una endoprótesis aortoilíaca por $369,8 millones frente a una referencia de $17,85 millones.

Los informes también detallaron otros casos. Una válvula pulmonar autoexpandible fue facturada por $295,1 millones frente a un valor de referencia de $36,4 millones, mientras que una silla de traslado postural tuvo un costo de $18 millones, contra una referencia de $945.000. En otro expediente, una misma factura de $28,7 millones habría sido abonada dos veces.

Las auditorías alcanzaron a nueve proveedores y analizaron operaciones por un total de $3.042 millones. Entre las empresas mencionadas figuran Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA. En algunos casos se detectaron vínculos societarios, domicilios compartidos o relaciones familiares entre integrantes de distintas compañías. Según los informes, esas situaciones podían ser compatibles con una eventual “simulación de competencia”, aunque no se identificó una operación concreta en la que se hubiera probado una coordinación entre las empresas.

Otro de los puntos observados estuvo relacionado con los procedimientos de contratación. Los informes señalaron expedientes que comenzaron con facturas sin documentación que acreditara una licitación, una compulsa de precios o una contratación directa debidamente respaldada. También se detectaron expedientes que agrupaban diferentes facturas, lo que dificultaba reconstruir el recorrido de las operaciones y verificar la formación de los precios.