El Gobierno de Santa Cruz clausuró ocho sectores del yacimiento Cerro Negro

El Ejecutivo provincial frenó actividades en áreas críticas de la minera por severos riesgos e incumplimientos de higiene. Javier Aravena, secretario de Estado de Trabajo, junto al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, encabezó las inspecciones y confirmó que la operadora desmovilizó al personal con goce de haberes mientras avanza el sumario.

La intervención estatal en el yacimiento respondió a la detección de faltas catalogadas como muy graves que comprometían la integridad física de los operarios en interior de mina.

Durante las fiscalizaciones nocturnas junto a verificadores policiales y áreas de Transporte, la comitiva detectó maniobras directas para evadir el control oficial en el portal San Marcos. Frente a este escenario, Aravena reveló: "Escondieron los vehículos bajo mina cuando se enteraron que estábamos reingresando con un grupo importante de policías que son verificadores para cooperar con la subsecretaría de transporte justamente en la tarea de verificar la documentación de los vehículos".

Uno de los hallazgos más alarmantes radicó en el transporte de sustancias peligrosas sin control técnico legal. "Que un camión con combustible baje 300 metros a una mina, a un lugar hermético, donde hay gente trabajando, donde hay potencial de riesgos, donde las temperaturas son elevadas, eran condiciones de alta deficiencia", remarcó el referente ministerial respecto a la unidad que carecía de la Revisión Periódica Obligatoria (RPO).

Los problemas de seguridad también abarcaron el equipamiento individual asignado para el ingreso a los túneles subterráneos.

"Me subo al transporte, empezamos a bajar, cuando pasamos la estocada número uno comienza a sonar permanentemente; o en mi caso no funcionaba o había gases, pero la segunda vez que bajé en el portal San Marcos sí había gases porque la condensación se percibía en el ambiente, en la garganta", detalló Aravena.

Estas falencias fundamentaron la aplicación de medidas cautelares en los sectores más sensibles de la faena minera. "En estas faltas muy graves es donde dictamos cese de actividades por existir un potencial riesgo a la seguridad de los trabajadores", puntualizó sobre los ocho puntos clausurados, señalando que cualquier reactivación dependerá de la remediación efectiva de las observaciones.

La posición gubernamental reafirmó la exigencia del estricto cumplimiento de las leyes provinciales, con especial énfasis en el régimen de mano de obra local 70/30 ante la llegada irregular de personal foráneo.

"Acá es un cambio de paradigma. Nosotros no somos cipayos. No nos vamos a subordinar al antojadizo poder de estas corporaciones. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es estar del lado de los trabajadores, defender sus derechos y resguardar su seguridad", Aravena sentenció.

Finalmente, el funcionario concluyó que la protección de la comunidad está por encima de las presiones económicas: "Un gramo de oro no vale una vida. No puede ser que privilegien al de afuera por sobre el nuestro, y eso se cortó; en Santa Cruz, no más". Las autoridades condicionaron el levantamiento de las medidas a la sustanciación de las actas y a la conformación de una mesa de trabajo conjunta.