Grasso presentó en Caleta Olivia un proyecto de desendeudamiento familiar y cuestionó la situación social de Santa Cruz

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, recorrió distintos barrios de Caleta Olivia junto a la diputada nacional Moira Lanesan y el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, donde presentó ante vecinos y organizaciones barriales el Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, una iniciativa que impulsa en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para asistir a familias y trabajadores con dificultades para afrontar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales.

Durante la recorrida, Grasso sostuvo que cerca de 70.000 santacruceños se encuentran endeudados y cuestionó el escenario económico y social de la provincia. “Santa Cruz tiene la pobreza más alta de toda su historia. Estos niveles de miseria no se vieron nunca, ni siquiera en el 2001”, afirmó el intendente, quien además aseguró que la provincia atraviesa una situación inédita de endeudamiento familiar, desocupación y deterioro del poder adquisitivo.

En ese contexto, el jefe comunal apuntó contra los gobiernos nacional y provincial y responsabilizó al presidente Javier Milei y al gobernador Claudio Vidal por el actual escenario económico. Según planteó, la paralización de la obra pública y la apertura de importaciones impactaron sobre el empleo y la actividad comercial en Santa Cruz. “Los que tenemos responsabilidades tenemos que estar con la gente”, expresó al referirse a las acciones que impulsa junto a otros dirigentes.

El proyecto presentado en la Legislatura provincial propone refinanciar las deudas de trabajadores y familias bajo condiciones accesibles, con un plazo mínimo de devolución de 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Además, establece que los descuentos sobre los salarios de empleados públicos no podrán superar el 30% del sueldo bruto y contempla situaciones extremas en las que los descuentos puedan dejar al trabajador sin ingresos.

La iniciativa plantea que su aplicación sea de adhesión obligatoria para el Banco Santa Cruz, mientras que otras entidades bancarias podrían incorporarse de manera voluntaria y acceder a determinados beneficios fiscales. El objetivo, según sus impulsores, es brindar una herramienta para aliviar el nivel de endeudamiento de las familias santacruceñas y evitar que las obligaciones financieras comprometan una parte significativa de los ingresos.